Chihuahua, Chih.— El control territorial por parte de grupos criminales estaría provocando el desplazamiento forzado de comunidades enteras en la Sierra de Chihuahua, incluso en regiones donde no existen recursos naturales como madera, agua o minerales que expliquen el interés de las organizaciones delictivas.
Así lo advirtieron organizaciones defensoras de derechos humanos durante la presentación, en Ciudad de México, de un informe sobre desplazamiento forzado interno en Chihuahua.
Saulo Loya, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, explicó que actualmente el territorio se ha convertido en una fuente de poder para los grupos criminales, al permitirles establecer un control prácticamente absoluto sobre lo que ocurre en determinadas zonas.
De acuerdo con el informe, la violencia seguiría un patrón definido: inicialmente se registran amenazas y ataques contra líderes comunitarios o personas que representan una resistencia, y cuando estas acciones no consiguen expulsar a la población, las agresiones se extienden al resto de los habitantes.
Entre las tácticas identificadas se encuentran ataques con armas de alto calibre y drones cargados con explosivos, cuyo uso ha generado especial preocupación entre las organizaciones.
La violencia y el desplazamiento también han afectado a menores de edad. Durante un encuentro con personas desplazadas, una niña de 12 años relató las consecuencias de vivir en medio de esta situación.
Nataniel Hernández, integrante de la Red TDT, señaló que niñas, niños y adolescentes desplazados no solamente pierden sus hogares, sino también sus escuelas, amistades, comunidades y formas de convivencia.
La misión de organizaciones civiles documentó además que autoridades habrían presionado a algunas personas desplazadas para que regresaran a sus comunidades, pese a las condiciones de inseguridad que las obligaron a abandonar sus hogares.
Durante mayo pasado, representantes de la misión se reunieron con aproximadamente 200 personas provenientes de comunidades de Chihuahua, Durango y Sinaloa, quienes se habían desplazado principalmente hacia la ciudad de Chihuahua, Hidalgo del Parral y Delicias.
Según los datos presentados en el informe, durante 2025 al menos 4 mil 492 personas fueron desplazadas por la violencia en Chihuahua, de las cuales 1,335 correspondieron únicamente a la comunidad de Guadalupe y Calvo.
Ante este panorama, las organizaciones hicieron un llamado a los gobiernos municipal, estatal y federal para reconocer formalmente el fenómeno y establecer una estrategia de protección y atención para las personas que se ven obligadas a abandonar sus comunidades.
Advirtieron que el desplazamiento no debe ser visto únicamente como un problema de seguridad, sino también como una crisis humanitaria que afecta a familias enteras y rompe el tejido social de las comunidades serranas.
A nivel nacional, un informe citado por Amnistía Internacional señala que durante 2024 se registraron al menos 28 mil 900 personas desplazadas por la violencia en México, cifra que representó un incremento del 129 por ciento respecto al año anterior.
