Una nueva grabación difundida por Latinus ha generado cuestionamientos sobre presuntos acuerdos económicos relacionados con contratos millonarios del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que se exhibiera una conversación entre la expresidenta del organismo, Guadalupe Taddei Zavala, y el empresario José Alfredo Hernández Casillas.
El material, que presuntamente corresponde a una reunión celebrada el 16 de febrero de 2026, muestra al empresario realizando cálculos sobre posibles beneficios económicos derivados de contratos relacionados con la producción de credenciales para votar y otros servicios del organismo electoral.
Durante la conversación, Hernández Casillas menciona cantidades que supuestamente corresponderían a cada uno de los involucrados, entre ellas una cifra de dos millones relacionada con el contrato de credenciales para votar.
De acuerdo con la información difundida, dicho contrato fue adjudicado en diciembre de 2025 y representa un monto aproximado de mil 300 millones de pesos.
En otro momento de la grabación, el empresario hace referencia a su interés por participar en distintos procedimientos de contratación del INE, particularmente en los servicios relacionados con la expedición de credenciales para mexicanos residentes en el extranjero.
Asimismo, menciona un supuesto porcentaje del 15 por ciento vinculado con uno de esos proyectos.
Las conversaciones también incluyen referencias a Raúl Mondragón, propietario de la empresa HuBOX, relacionada con servicios tecnológicos y códigos QR utilizados en las credenciales electorales.
Aunque en el material se observa a Guadalupe Taddei, los fragmentos difundidos no permiten establecer que haya aceptado expresamente los acuerdos económicos mencionados por el empresario.
La publicación de estas grabaciones abre interrogantes sobre la transparencia en los procesos de contratación del organismo electoral y la posible existencia de intereses particulares en la adjudicación de servicios financiados con recursos públicos.
Sin embargo, es importante señalar que las conversaciones difundidas no constituyen, por sí mismas, pruebas concluyentes de que se hayan entregado recursos, concretado repartos de ganancias o cometido irregularidades administrativas o penales.
Hasta la información disponible en el material difundido, tampoco se establece la existencia de una resolución de autoridad competente que determine responsabilidades por estos hechos.
El video fue dado a conocer por Latinus el 2 de noviembre de 2026, como parte de una investigación periodística sobre contratos del Instituto Nacional Electoral.
