La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó el hallazgo de 32 cuerpos en una fosa clandestina localizada en la comunidad La Calera, en Irapuato, durante un operativo realizado el pasado 30 de julio. De acuerdo con las autoridades, hasta el momento 15 de las víctimas han sido plenamente identificadas mediante pruebas forenses especializadas.
El descubrimiento, considerado uno de los más grandes en la región, fue dado a conocer de manera oficial cuatro días después del operativo, tras realizarse las primeras diligencias y los procedimientos de resguardo de la escena bajo estándares nacionales e internacionales.
Las condiciones de los restos complicaron el proceso de identificación, al encontrarse fragmentados y en estados avanzados de descomposición, según informó la Fiscalía. Para este trabajo, los especialistas han recurrido a técnicas de genética, antropología forense y odontología, con el objetivo de proporcionar certeza a los familiares de las víctimas.
“Se han realizado trabajos periciales complejos debido al estado en el que se encontraban los restos. La Fiscalía mantiene comunicación con las familias a través del programa Búsqueda Ciudadana y seguirá informando sobre los avances”, señalaron las autoridades en un comunicado oficial.
Crimen organizado y crisis de desapariciones
El hallazgo se suma a la alarmante cifra de más de 150 fosas clandestinas localizadas en el estado de Guanajuato en los últimos tres años, en medio de la escalada de violencia derivada de la disputa territorial entre grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Santa Rosa de Lima.
De acuerdo con colectivos de búsqueda, las comunidades rurales de Irapuato, Salamanca y Celaya han sido las más afectadas por este tipo de crímenes, con reportes constantes de desapariciones forzadas y asesinatos masivos. La fosa de La Calera representa, hasta ahora, el hallazgo de mayor magnitud en esta zona.
Familias exigen justicia
Organizaciones de familiares de personas desaparecidas criticaron la tardía difusión de la información por parte de la Fiscalía y demandaron mayor transparencia en las investigaciones.
“Las familias llevamos años buscando a nuestros desaparecidos mientras las autoridades ocultan o minimizan estos hallazgos. Exigimos verdad, justicia y que las investigaciones lleguen hasta las cabezas de los grupos criminales y sus nexos políticos”, declaró María González, representante de un colectivo local.
La Fiscalía aseguró que continuará con las labores de búsqueda y el acompañamiento a las víctimas indirectas, al tiempo que coordinará esfuerzos con autoridades federales para esclarecer los hechos y detener a los responsables.