El Consejo Nacional de la Industria Tabacalera (Conainta) advirtió que la propuesta del gobierno federal para incrementar en más del 30% el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los cigarros y productos con nicotina, a partir de 2026, podría detonar el crecimiento del comercio ilegal y generar pérdidas millonarias en la recaudación.
La iniciativa, presentada el 8 de septiembre en el Congreso, contempla un alza de al menos 20 pesos por cajetilla, además de un ajuste en la cuota específica de 0.6445 a 1.1584 pesos por cigarro a partir de 2030. Asimismo, se plantea un gravamen de hasta 200% a productos alternativos de nicotina.
Conainta, que integra a Philip Morris México, British American Tobacco y Japan Tobacco International, expresó su “preocupación” al señalar que este tipo de medidas no han demostrado eficacia en reducir el consumo ni en incrementar la recaudación. De hecho, recordó que los ingresos por IEPS de tabacos labrados cayeron de 50 mil 400 millones de pesos en 2023 a 46 mil 900 millones en 2024, una reducción del 7% pese a mayores tasas.
El organismo sostuvo que, de aprobarse, la reforma incentivaría la presencia de marcas ilegales, el contrabando y la participación de grupos criminales en este mercado. “El impacto podría llevar a que hasta el 50% del consumo sea ilícito, con pérdidas fiscales anuales estimadas entre 13 mil y 15 mil millones de pesos”, señaló la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).
Estudios del Instituto Nacional de Salud Pública refuerzan esta preocupación: el comercio ilícito de cigarros en México creció 240% entre 2017 y 2023, al pasar de 8.5% a 20.4% del mercado. En paralelo, un análisis del Colegio de México advierte que este negocio se ha convertido en fuente de financiamiento para el crimen organizado, vinculado con narcotráfico, trata de personas y lavado de dinero.
La industria también cuestionó que se pretenda aplicar un impuesto de 200% a productos de menor riesgo, como las bolsas de nicotina, que —al no generar combustión— producen “hasta 99% menos sustancias tóxicas”. En este sentido, Conainta aseguró que desincentivar estas alternativas limita los esfuerzos de reducción del tabaquismo, mientras que países como Suecia han reducido su tasa de fumadores a solo 5% gracias a políticas que incentivan productos alternativos.
El organismo llamó al Congreso a abrir espacios de diálogo para construir una reforma fiscal “equilibrada”, que considere tanto la salud pública como el combate al comercio ilegal y la necesidad de mantener ingresos fiscales sostenibles.