La pobreza en la capital de Durango se consolida como uno de los principales retos sociales al inicio de 2026. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) correspondientes al cuarto trimestre de 2025 muestran que alrededor del 40 por ciento de la población urbana vive en situación de pobreza, una proporción que refleja un deterioro acelerado de las condiciones económicas en la ciudad.
Dentro de este segmento, aproximadamente el 8 por ciento enfrenta pobreza extrema, es decir, hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir lo más básico, como alimentación suficiente, vivienda adecuada o servicios esenciales.
Las cifras revelan que más de la mitad de las familias capitalinas perciben ingresos insuficientes para satisfacer necesidades mínimas, lo que incrementa la vulnerabilidad social.
Uno de los focos más críticos es la carencia por acceso a la alimentación. De acuerdo con los indicadores del INEGI, cerca de 235 mil personas presentan dificultades para adquirir una dieta adecuada, una situación que se ha visto agravada por el aumento sostenido en los precios de la canasta básica y la pérdida de poder adquisitivo, especialmente entre quienes dependen de empleos informales o temporales.
El panorama laboral tampoco ofrece señales alentadoras. La pobreza laboral, medida trimestralmente por el INEGI, mostró un incremento durante 2025 al ubicarse por encima del 33 por ciento en el estado, acercándose al promedio nacional. Este indicador refleja que una proporción creciente de personas, aun teniendo empleo, no logra generar ingresos suficientes para cubrir la alimentación básica.
En colonias populares de la capital, la precariedad económica se combina con problemas estructurales como inseguridad, deterioro urbano y deficiencias en servicios públicos, creando un entorno que limita las oportunidades de desarrollo y refuerza los ciclos de exclusión social.
Si bien las mediciones estatales muestran niveles de pobreza menores al promedio de la capital, los datos urbanos evidencian un rezago más profundo. Especialistas advierten que, sin políticas públicas orientadas a fortalecer el empleo formal, contener el encarecimiento de alimentos y mejorar la seguridad, el escenario podría agravarse en el transcurso de 2026.