Un juez federal del Distrito Oeste de Washington, Ricardo Martínez, bloqueó recientemente una directiva del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) que buscaba excluir a niños migrantes —incluso indocumentados— de programas esenciales como Head Start, que ofrece educación preescolar a menores de cinco años.
La medida del HHS, emitida en julio, reinterpretaba la Ley de Responsabilidad y Reintegración de 1996 (PRWORA) para clasificar ciertos apoyos sociales como “beneficios públicos federales”, lo que habría permitido negar su acceso a familias sin residencia legal. La decisión judicial ordena restablecer temporalmente la política anterior, asegurando que los niños migrantes puedan acceder a servicios educativos y de salud esenciales.
El fallo se produce tras la demanda de una coalición de 21 estados, que argumentaron que la nueva política era ilegal y discriminatoria. Jennesa Calvo-Friedman, abogada de la ACLU, celebró la resolución afirmando que “ningún niño ni ninguna familia debería tener miedo de acceder a servicios esenciales de aprendizaje temprano como Head Start”.
El caso no solo representa un revés a la política migratoria de la administración Trump, sino que también subraya la tensión entre leyes federales, derechos humanos y el acceso a la educación infantil. Miles de familias podrían verse beneficiadas mientras el debate sobre la migración y los servicios sociales continúa en Estados Unidos.