El partido Morena confirmó la expulsión de Hernán Bermúdez Requena, conocido como el Comandante H, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante la administración de Adán Augusto López Hernández, luego de que fuera detenido y acusado de secuestro, extorsión y nexos con el crimen organizado.
De acuerdo con fuentes del partido, la baja del padrón de militantes se hizo efectiva el 2 de octubre, varios meses después de que se dieran a conocer los señalamientos contra el exfuncionario. Bermúdez se encuentra recluido en el penal de Almoloya, Estado de México, señalado de liderar “La Barredora”, una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales más violentos del país, catalogado por Estados Unidos como organización terrorista transnacional.
La dirigente de Morena, Luisa Alcalde, confirmó la expulsión durante una gira por Tabasco y aseguró que el caso demuestra que “en Morena no hay impunidad”.
“Fue nuestro propio movimiento el que abrió la investigación en el caso de Hernán Bermúdez, hoy, por cierto, en el reclusorio, detenido y con una investigación en curso”, señaló Alcalde.
La morenista también comparó el caso con el del exsecretario de Seguridad del expresidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, condenado por narcotráfico en Estados Unidos:
“A veces lo tratan hasta de comparar con lo de García Luna, nomás que en el caso de los panistas, ellos lejos de abrir una investigación, lo condecoraron y le aplaudieron”, afirmó.
Bermúdez se había afiliado a Morena en marzo de 2023, pocos meses después de dejar la Secretaría de Seguridad de Tabasco, tras el aumento de la violencia en el estado. En ese momento, Adán Augusto López había solicitado licencia como gobernador para asumir la Secretaría de Gobernación, y fue sustituido por Carlos Manuel Merino, quien mantuvo a Bermúdez al frente de la dependencia por un tiempo.
Los tres —López Hernández, Merino y Bermúdez— forman parte del mismo grupo político tabasqueño, surgido en el entorno priista local hace más de tres décadas.
La expulsión ocurre en medio de crecientes cuestionamientos sobre los vínculos entre estructuras políticas locales y grupos criminales en el sureste del país.