Entre consignas, pancartas y lágrimas, familiares y amigos de María Alejandra salieron la tarde del martes a las calles del centro de la capital para exigir justicia por su muerte, ocurrida tras sufrir quemaduras en gran parte de su cuerpo.
La movilización avanzó por la avenida 20 de Noviembre bajo una consigna clara: “No fue un suicidio, fue feminicidio”. Los manifestantes cuestionaron la postura inicial de la Fiscalía General del Estado de Durango, que clasificó el caso como una autolesión, y pidieron que se reabran y profundicen las investigaciones.
Claudia Guadalupe Martínez, hermana de la víctima, rechazó públicamente la versión oficial, incluyendo la existencia de un supuesto mensaje póstumo. Aseguró que María Alejandra vivía bajo amenazas constantes y que su expareja, Sergio Alejandro “N”, ejercía violencia en su contra.
“Ella tenía miedo. Muchas veces nos dijo que él la amenazaba con quitarle a sus hijos”, expresó durante la marcha. Señaló además que el hombre intentó internarla en un hospital psiquiátrico, lo que, según la familia, formaba parte de un patrón de manipulación y control.
Adriana, otra de las hermanas, afirmó que la relación estuvo marcada por agresiones físicas y violencia emocional. Sostuvo que el comportamiento de María Alejandra cambió de manera radical desde que inició esa relación.
Claudia Guadalupe relató que estuvo presente en el domicilio el día de los hechos y acompañó a su hermana en su traslado al Instituto Mexicano del Seguro Social, donde fue intubada al ingresar. Desde ese momento, dijo, ya no pudieron volver a hablar con ella.
La familia informó que inicialmente se les entregó un certificado de defunción provisional y que el documento definitivo sería expedido la noche de este martes 10 de febrero.
Durante la manifestación, los asistentes exigieron a las autoridades actuar con perspectiva de género y no descartar posibles antecedentes de violencia. “Lo único que queremos es justicia para María Alejandra”, reiteraron, mientras avanzaban por el corazón de la ciudad acompañados de colectivos y ciudadanos que se sumaron al llamado.
La familia insistió en que el caso no debe cerrarse como un acto aislado, sino investigarse a fondo para esclarecer si existieron responsabilidades derivadas de un contexto de violencia previa.