Chihuahua.- Nuevos detalles sobre la presunta participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) en acciones de seguridad en Chihuahua salieron a la luz mediante una investigación periodística de The New York Times, que señala que la colaboración con funcionarios estatales habría comenzado desde el otoño de 2025 y rebasado los mecanismos de cooperación reconocidos oficialmente entre México y Estados Unidos.
De acuerdo con el reportaje, basado en documentos no divulgados y entrevistas con funcionarios mexicanos y estadounidenses, la relación entre agentes de la CIA y personal de la Fiscalía General del Estado se habría desarrollado meses antes del operativo realizado en abril de 2026 para desmantelar laboratorios clandestinos de drogas en la zona serrana.
La investigación señala que Guillermo Zuany Portillo, entonces fiscal especializado en Operaciones Estratégicas, habría fungido como enlace entre los agentes estadounidenses y corporaciones policiacas de Chihuahua. Según las fuentes consultadas por el diario, desde el otoño de 2025 los agentes participaron en capacitaciones, planeación de operativos y algunas misiones de campo contra organizaciones criminales.
El reportaje también refiere que los estadounidenses habrían portado equipo táctico y armas durante algunas intervenciones, además de proporcionar información en tiempo real y apoyo en la dirección de las acciones. Estas actividades, de acuerdo con la investigación, habrían superado el intercambio de inteligencia y la asistencia logística reconocidos públicamente por el Gobierno federal mexicano.
El accidente que destapó la operación
Uno de los episodios centrales ocurrió en abril de 2026, durante un despliegue para localizar y destruir un laboratorio de metanfetaminas en la zona serrana de Chihuahua. Según la investigación, cuatro agentes de la CIA se integraron a un convoy de más de 60 elementos mexicanos.
Al regresar de la operación, una camioneta cayó por un barranco de aproximadamente 90 metros y explotó. En el accidente murieron dos agentes estadounidenses y dos funcionarios mexicanos. Las autoridades determinaron que se trató de un accidente, pero el hecho permitió conocer la presencia de personal de inteligencia estadounidense en actividades operativas dentro del estado.
Investigaciones y detenciones
Tras conocerse el caso, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó que el Gabinete de Seguridad federal no tenía conocimiento de esas actividades y sostuvo que la participación operativa de agentes extranjeros requiere autorización de las instancias federales correspondientes.
La investigación derivó en órdenes de aprehensión contra Zuany Portillo y el exfiscal general César Jáuregui. Este último fue detenido y enfrenta, además de señalamientos por presuntas irregularidades en el caso, una acusación federal por traición a la patria. Zuany permanece prófugo.
Por su parte, Jáuregui ha negado tener conocimiento de la presencia de agentes de la CIA en las operaciones. Zuany declaró a The New York Times que siempre se condujo de manera ética y profesional, además de cuestionar las fuentes consultadas por el medio. La CIA declinó emitir comentarios.
El caso mantiene bajo escrutinio la colaboración en materia de seguridad entre autoridades mexicanas y estadounidenses, así como los límites legales para la actuación de agentes extranjeros en territorio nacional.
