El juez federal mexicano Luis Benítez Alcántara fue detenido en Colombia tras ser acusado por autoridades de Estados Unidos de recibir presuntamente un soborno de dos millones de dólares para favorecer la liberación de un ciudadano canadiense relacionado con una organización internacional dedicada al tráfico de drogas.
El Departamento de Justicia estadounidense informó este jueves 5 de noviembre de 2026 que el exfuncionario judicial, de 49 años, fue arrestado el pasado domingo como parte de una investigación internacional encabezada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).
De acuerdo con las acusaciones, Benítez Alcántara habría utilizado su posición como juez de Distrito en la Ciudad de México para beneficiar a Andrew Clark, identificado por las autoridades estadounidenses como uno de los principales colaboradores de Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense señalado por encabezar una red de narcotráfico.
Un procedimiento de extradición bajo sospecha
Las investigaciones señalan que Andrew Clark fue detenido el 8 de octubre de 2024 en Guadalajara, Jalisco, por su presunta participación en delitos relacionados con narcotráfico, homicidio y tentativa de homicidio.
Posteriormente, Estados Unidos solicitó formalmente su extradición, procedimiento que quedó bajo la supervisión del juzgador mexicano.
Según la acusación, entre noviembre de 2024 y febrero de 2025 se habrían realizado transferencias por aproximadamente 2 millones 750 mil dólares mediante intermediarios, con el propósito de conseguir la libertad del ciudadano canadiense.
Los investigadores sostienen que dos millones de dólares habrían sido destinados directamente al juez, quien el 24 de febrero de 2025 autorizó una medida de libertad bajo fianza que permitió la salida de Clark.
La resolución judicial coincidió, de acuerdo con los fiscales estadounidenses, con la fecha en que presuntamente se completó la entrega del dinero.
Sin embargo, días después Clark fue detenido nuevamente y trasladado a Estados Unidos, donde continúa enfrentando un proceso penal.
Su presunta relación con una organización internacional
Las autoridades estadounidenses vinculan este caso con la estructura criminal atribuida a Ryan Wedding, quien representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002.
El exdeportista es acusado de dirigir una organización dedicada al traslado de grandes cantidades de cocaína desde Colombia, a través de México y territorio estadounidense, con destino principalmente a Canadá.
De acuerdo con estimaciones del FBI, esta red habría generado ingresos superiores a mil millones de dólares anuales mediante el tráfico internacional de estupefacientes.
Las investigaciones también señalan posibles conexiones de la organización con el Cártel de Sinaloa, aunque hasta el momento no se ha establecido que Benítez Alcántara haya recibido pagos directamente de dicha agrupación criminal.
Enfrenta nueve cargos ante la justicia estadounidense
El Departamento de Justicia informó que el exjuzgador enfrenta nueve cargos relacionados con presuntas acciones destinadas a ayudar a una persona acusada de delitos a evitar su detención, procesamiento o castigo.
Cada uno de estos cargos contempla una pena máxima de 15 años de prisión, aunque cualquier sanción dependerá de las determinaciones del tribunal correspondiente.
La acusación fue presentada el 4 de septiembre de 2026 ante una corte federal del Distrito Central de California.
Benítez Alcántara estuvo adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, y cuenta con formación académica en Derecho, juicio de amparo y justicia penal.
Tras su detención en Colombia, las autoridades estadounidenses buscarán su extradición para que comparezca ante la justicia de ese país.
En las investigaciones participaron corporaciones de seguridad de Estados Unidos, Canadá y Colombia, mientras continúan las indagatorias para identificar a los intermediarios involucrados en la presunta operación de soborno.
Hasta el momento, Luis Benítez Alcántara mantiene la presunción de inocencia, por lo que las acusaciones deberán acreditarse durante el proceso judicial correspondiente.
