El gobernador con licencia de Rubén Rocha Moya promovió una iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Sinaloa días antes de separarse del cargo, propuesta que ha generado preocupación entre organizaciones civiles por considerar que limita el acceso ciudadano a información gubernamental.
La iniciativa fue presentada el pasado 16 de abril ante el Congreso estatal a través de la Secretaría General de Gobierno, entonces encabezada por Yeraldine Bonilla. Apenas cinco días después recibió primera lectura y tres días más tarde avanzó a segunda lectura en el Poder Legislativo.
Aunque el documento argumenta la necesidad de homologar la legislación estatal con las disposiciones federales y racionalizar el gasto público, agrupaciones ciudadanas advirtieron posibles retrocesos en materia de transparencia y rendición de cuentas.
La Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa identificó al menos 20 puntos de preocupación en la propuesta, entre ellos la posibilidad de reservar comprobantes fiscales, facturas y documentos relacionados con el ejercicio de recursos públicos.
Además, señalaron que se amplían las causales de reserva de información bajo argumentos de seguridad nacional, estabilidad financiera o afectación al interés público, así como el incremento de información considerada confidencial cuando existan investigaciones o procedimientos administrativos en curso.
Las organizaciones también alertaron sobre la ampliación del plazo de respuesta a solicitudes de información de 10 a 20 días, la eliminación del Consejo Consultivo ciudadano y la desaparición de conceptos como transparencia proactiva, gobierno abierto y cultura de transparencia.
Otro de los puntos cuestionados es que la iniciativa elimina diversas obligaciones de transparencia para partidos políticos y sindicatos, incluyendo la publicación de contratos, financiamiento, tabuladores salariales, currículums de dirigentes y estados financieros.
El Comité de Participación Ciudadana de Sinaloa también expresó preocupación por la falta de independencia del organismo garante y la ausencia de mecanismos de participación ciudadana en el nuevo esquema planteado.
Actualmente, la propuesta permanece en fase de dictaminación en las comisiones legislativas de Puntos Constitucionales y Gobernación, así como en la de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana.
La discusión de la iniciativa ocurre en medio de la controversia generada por las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra Rocha Moya y varios exfuncionarios de su administración por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Entre los señalados se encuentra el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, quien ha sido cuestionado tanto por presunto enriquecimiento como por señalamientos relacionados con las elecciones estatales pasadas.
La administración de Rocha también había enfrentado críticas previas por el manejo de recursos públicos, incluyendo préstamos millonarios destinados a obras y deudas gubernamentales cuya aplicación no ha sido completamente transparentada.