Contribuyentes inscritos ante el Servicio de Administración Tributaria deberán verificar que su Buzón Tributario se encuentre habilitado y con los medios de contacto actualizados, ya que el incumplimiento de esta obligación podría derivar en multas de hasta 11 mil 540 pesos a partir del 1 de enero de 2027.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 86-D del Código Fiscal de la Federación, las sanciones por no habilitar esta herramienta, omitir el registro de un correo electrónico o número telefónico, o mantener datos desactualizados, pueden ir de los 3 mil 850 a los 11 mil 540 pesos.
El Buzón Tributario funciona como el medio oficial de comunicación entre el SAT y los contribuyentes, por lo que a través de este sistema se envían notificaciones, requerimientos, avisos y otros actos administrativos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Para consultar el estatus, las personas registradas en el RFC pueden ingresar al portal oficial del SAT utilizando sus datos de acceso y verificar que cuenten con medios de contacto vigentes, principalmente un número de teléfono celular y una dirección de correo electrónico.
No todos los contribuyentes están sujetos a esta obligación. Entre las excepciones se encuentran las personas físicas inscritas en el RFC sin obligaciones fiscales o sin actividad económica, así como asalariados y quienes tributen bajo el régimen de asimilados a salarios cuyos ingresos anuales sean inferiores a 400 mil pesos.
También pueden quedar exceptuadas las personas físicas y morales que mantengan su situación fiscal bajo suspensión de actividades.
En contraste, deberán prestar especial atención quienes desarrollen actividades empresariales, quienes estén inscritos en el RFC con actividad económica, arrendadores de inmuebles y personas que presten servicios profesionales o trabajen bajo el régimen de honorarios.
La recomendación para los contribuyentes obligados es revisar con anticipación su situación fiscal y actualizar sus datos de contacto para evitar problemas en la recepción de comunicaciones oficiales y posibles sanciones económicas una vez que entren en vigor las multas correspondientes.
