El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la reforma a la llamada Ley Antilavado, una iniciativa presidencial que busca reforzar la vigilancia sobre operaciones financieras sospechosas, en particular las relacionadas con el crimen organizado, y dar seguimiento a las llamadas Personas Políticamente Expuestas (PPE).
Con 74 votos a favor, 13 en contra y 19 abstenciones, la mayoría oficialista logró avanzar con la iniciativa que ahora será enviada a la Cámara de Diputados para su discusión.
De acuerdo con sus promoventes, la ley tiene como objetivo prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita, en cumplimiento con recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y así evitar sanciones internacionales que pudieran afectar la reputación financiera del país.
Entre sus disposiciones, la reforma faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a coordinar acciones con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional, además de intervenir en operaciones sospechosas en sectores catalogados como actividades vulnerables.
Durante el debate, se aceptó una reserva presentada por la senadora morenista Lucía Trasviña para eliminar la frase “financiamiento al terrorismo” del dictamen final.
Oposición denuncia ambigüedad y riesgos a derechos civiles
Senadores del PAN y PRI cuestionaron el contenido de la reforma, advirtiendo que, aunque el combate al lavado de dinero es necesario, la redacción actual abre la puerta a abusos contra los derechos humanos, la privacidad financiera y la presunción de inocencia.
La senadora Guadalupe Murguía (PAN) denunció que la figura de “persona políticamente expuesta” está definida con ambigüedad, lo que podría permitir el monitoreo de cualquier exfuncionario, sin importar su nivel o función, contraviniendo los estándares internacionales del GAFI.
Por su parte, la priista Anabel Ávalos Zempoalteca afirmó que la verdadera intención de la reforma es crear un aparato de control contra voces críticas del régimen. “Esta ley no busca frenar el lavado de dinero, sino amedrentar a quienes piensan distinto. Se trata de un mecanismo de espionaje financiero y represión política”, acusó.
Guardia Nacional, con nuevas atribuciones
Junto con la Ley Antilavado, el Senado aprobó disposiciones que reconocen a la Guardia Nacional como parte del Ejército, otorgándole facultades como intervenir comunicaciones, realizar operaciones encubiertas y participar en procesos electorales, lo que ha sido igualmente criticado por organizaciones civiles.