La periodista estadounidense Mary Anastasia O’Grady advirtió que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum estaría impulsando mecanismos para tener mayor control sobre la narrativa de los medios de comunicación rumbo al proceso electoral de 2027, particularmente ante los señalamientos sobre presuntos vínculos entre integrantes de Morena y grupos del crimen organizado.
En una columna de opinión publicada este lunes 17 de agosto, O’Grady sostuvo que los temas relacionados con corrupción y delincuencia organizada podrían adquirir mayor relevancia durante las próximas campañas electorales, por lo que consideró que el gobierno federal busca anticiparse a ese escenario.
De acuerdo con su análisis, los señalamientos sobre presuntas relaciones entre políticos de Morena y organizaciones criminales representan uno de los puntos políticamente más sensibles para el partido gobernante.
La periodista aseguró que el control de la información difundida a través de radio, televisión y otros medios podría resultar determinante rumbo a las elecciones de 2027, debido a que una parte importante de la población obtiene información política a través de dichos espacios.
O’Grady centró parte de sus críticas en los nuevos lineamientos relacionados con los derechos de las audiencias, impulsados por el gobierno federal.
Aunque la administración de Claudia Sheinbaum ha defendido estas medidas bajo el argumento de proteger a la ciudadanía frente a información falsa o engañosa, la columnista consideró que otorgar a una instancia gubernamental facultades para determinar determinados criterios sobre los contenidos podría generar riesgos para la libertad de expresión.
Afirmó que una autoridad con capacidad para evaluar información periodística y aplicar sanciones podría convertirse, en los hechos, en un “árbitro de la verdad”, lo que, desde su perspectiva, abriría la puerta a mecanismos de censura o autocensura.
La periodista también hizo referencia a las modificaciones realizadas en el sistema regulatorio de las telecomunicaciones, entre ellas la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la creación de una nueva autoridad reguladora.
Según su análisis, las facultades otorgadas a esta nueva instancia podrían generar preocupación entre periodistas, escritores, intelectuales, empresarios y propietarios de medios de comunicación ante la posibilidad de multas o sanciones.
O’Grady advirtió que este escenario podría provocar que algunos medios opten por evitar determinados temas para reducir riesgos legales o administrativos, lo que representaría una forma de autocensura.
También sostuvo que las modificaciones regulatorias forman parte de un proceso iniciado durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador y que, a su juicio, ha reducido gradualmente los contrapesos y el pluralismo político y mediático en México.
Las afirmaciones forman parte de una columna de opinión y representan la postura de su autora frente a las políticas de comunicación y regulación impulsadas por el actual gobierno federal.
Hasta el momento, la administración de Claudia Sheinbaum ha sostenido que las disposiciones relacionadas con los derechos de las audiencias tienen como propósito proteger a los ciudadanos, garantizar información adecuada y combatir la difusión de contenidos falsos, mientras especialistas y organizaciones han advertido sobre la necesidad de evitar que la regulación derive en restricciones indebidas a la libertad de expresión.
