En un hecho que ha encendido el debate público y jurídico, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció en contra de una controvertida sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que obliga a una ciudadana a publicar disculpas durante 30 días consecutivos a la diputada del PT, Diana Karina Barreras. La mandataria consideró que el fallo es excesivo y advirtió sobre el riesgo de que el ejercicio del poder se convierta en un acto de soberbia.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum lanzó un mensaje directo:
“Es un exceso. El poder es humildad, no es soberbia. No está bien esta exigencia de que por 30 días te disculpes”.
La sentencia, que obliga a la ciudadana Karla Estrella a emitir una disculpa pública diaria en la red social X (antes Twitter) con la leyenda “Dato Protegido”, responde a una denuncia de violencia política en razón de género presentada por la legisladora. El caso ha provocado una ola de comentarios en redes sociales y críticas de diversos sectores por lo que consideran una medida desproporcionada.
La presidenta aclaró que, aunque en algunos casos puede ser válida una disculpa pública, las sanciones deben ser proporcionales y contextualizadas.
“Tiene que haber sanciones cuando están en medio de un proceso electoral. Pero estas las debe ponderar bien el tribunal”, agregó.
El caso pone en tensión dos derechos fundamentales: la libertad de expresión y el derecho a una vida política libre de violencia. Mientras algunos defienden el fallo como un precedente en la lucha contra la violencia de género, otros —incluyendo la presidenta— alertan sobre el riesgo de censura y uso excesivo del poder judicial para castigar la crítica.
Por su parte, la diputada Diana Karina Barreras defendió la resolución judicial y dijo sentirse revictimizada ante la reacción pública.
“Defender los derechos de las mujeres siempre ha tenido un costo”, declaró, añadiendo que no busca silenciar a nadie, sino proteger su integridad como mujer en la política.
La polémica crece mientras activistas, juristas y ciudadanos debaten si esta sentencia sienta un precedente peligroso para la libertad de expresión, o si representa un avance necesario para erradicar la violencia simbólica y verbal hacia las mujeres en cargos públicos.