El programa Café del Bienestar, presentado en septiembre pasado como una estrategia para apoyar a pequeños productores de pueblos indígenas, enfrenta cuestionamientos luego de que se revelara que el principal beneficio económico ha recaído en una empresa privada vinculada a influyentes familias empresariales de Veracruz y con antecedentes relacionados con el exgobernador Javier Duarte, preso desde 2017.
La empresa Café Tostado de Exportación (Catoex) obtuvo un contrato por 118.7 millones de pesos para maquilar el Café del Bienestar, pese a que el proyecto fue anunciado con el objetivo de beneficiar directamente a 6,646 familias caficultoras, principalmente de Guerrero, Veracruz, Puebla y Oaxaca, como parte de un esquema ligado al programa Sembrando Vida.
De acuerdo con la investigación, el contrato fue otorgado mediante adjudicación directa, aun cuando el procedimiento incluyó la invitación a tres empresas —Catoex, Cafiver y Cafinco— que pertenecen a familias veracruzanas históricamente vinculadas entre sí, lo que podría contravenir la Ley de Adquisiciones al presumirse una simulación de competencia.
Catoex pertenece a una familia de empresarios con parentesco con Javier Duarte y con vínculos con compañías que han sido señaladas en el desfalco multimillonario de Segalmex. Además, el fundador de la empresa, ya fallecido, fue investigado en España por presunto financiamiento ilícito y estuvo preso por fraude al Instituto Mexicano del Café (Inmecafé), mientras que sus herederos mantienen nexos políticos en Veracruz.
Productores, los menos beneficiados
Mientras Catoex obtiene ganancias millonarias por la maquila del producto, los caficultores que debían ser los principales beneficiarios del programa han terminado, en los hechos, subvencionándolo. El gobierno federal ofreció inicialmente 75 pesos por kilo de café pergamino, un precio por debajo del costo de producción. Aunque posteriormente el pago se incrementó a 100 pesos, productores vinculados al programa señalan que la cifra sigue siendo insuficiente para cubrir los gastos y obtener una ganancia justa.
A ello se suman fallas operativas en el diseño del programa. El volumen de compra ha resultado insuficiente para abastecer de manera constante a las Tiendas del Bienestar, y el esquema no ha logrado eliminar a los intermediarios, uno de los compromisos centrales anunciados al inicio del proyecto.
Promesas y realidad
En el anuncio oficial del programa, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que Café del Bienestar tendría una inversión inicial de 59.4 millones de pesos y que permitiría fortalecer la economía de comunidades indígenas productoras de café. Por su parte, María Luisa Albores González, titular de Alimentación para el Bienestar, aseguró que el proyecto beneficiaría a 6,646 familias, subrayando que seis de cada diez personas productoras son mujeres.
El café sería distribuido en Tiendas del Bienestar con precios accesibles al público, que van desde 35, 65 y hasta 110 pesos, en presentaciones de 50, 90 y 205 gramos, respectivamente.
Sin embargo, los señalamientos sobre la asignación del contrato, los vínculos empresariales y el impacto limitado en los productores han puesto en entredicho el cumplimiento de los objetivos sociales del programa, reavivando las dudas sobre la transparencia y la eficacia de una política pública diseñada, en el discurso, para beneficiar a los más pequeños, pero que en la práctica ha favorecido a un reducido grupo empresarial.