El Ayuntamiento de Durango anunció que analizará de manera individual los casos de los contribuyentes inconformes con el pago del impuesto predial para el ejercicio 2026, tras la oleada de quejas por incrementos que, según reportan ciudadanos y empresarios, alcanzan entre el 100% y el 150% respecto al año anterior.
La polémica estalló desde los primeros días de enero, cuando contribuyentes que acudieron a realizar su pago se encontraron con recargos que, en algunos casos, duplican o más el monto del año pasado. Este miércoles, un grupo de ciudadanos solicitó formalmente una reunión con el alcalde y el secretario del Ayuntamiento para expresar su molestia y buscar una solución.
Posturas Enfrentadas:
· Ciudadanía y Empresarios: Denuncian que los aumentos son desproporcionados, no fueron informados con claridad y afectan gravemente la economía familiar y la operación de comercios. Representantes de cámaras empresariales señalaron que la Ley de Ingresos fue aprobada sin que se detallaran incrementos de tal magnitud, y advirtieron un posible encarecimiento del costo de la vivienda.
· Autoridades Municipales: Encabezadas por el secretario del Ayuntamiento, Bonifacio Herrera, explicaron que el ajuste responde a una actualización de los valores catastrales, los cuales -argumentan- se encontraban por debajo del valor real de los inmuebles. Herrera informó que, para atender las quejas, se recibirán las claves catastrales de los contribuyentes afectados para realizar una revisión pormenorizada de cada caso.
Antecedente y Convocatoria:
La inconformidad se organizó tras la difusión de una carta pública el pasado 12 de enero, escrita por el abogado Antonio Bracho Marrufo, en la que se exigía diálogo a las autoridades. Organizaciones empresariales han convocado a la ciudadanía a manifestarse y solicitar la revisión de los criterios de cobro.
Mientras el ayuntamiento destaca que miles de contribuyentes ya han realizado el pago, el caso pone sobre la mesa la necesidad de mayor transparencia en los procesos de actualización catastral y en la comunicación de los ajustes fiscales, en un momento donde la confianza ciudadana y la presión sobre la economía local están en juego.