El Congreso de Perú dio un nuevo paso en su intento por retirar de la vida pública a la ex primera ministra Betssy Chávez, al aprobar en la Comisión Permanente el informe final de dos denuncias constitucionales que proponen su inhabilitación por diez años para ejercer cargos públicos. Chávez, actualmente asilada en la Embajada de México en Lima, enfrenta este proceso mientras se mantiene a la espera de un salvoconducto que le permita salir del país.
Estas denuncias fueron remitidas al pleno del Parlamento después de que, en la víspera, una primera moción para inhabilitarla no alcanzara los votos necesarios. Las acusaciones, identificadas como los expedientes 547 y 575, incluyen también al expresidente Pedro Castillo y al exministro del Interior Willy Huerta. Ambos solicitaron la reprogramación de sus audiencias para ejercer su defensa, según informó el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi.
Durante el debate, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, expuso que Chávez habría cumplido “un rol determinante” en las acciones que facilitaron la estrategia del entonces presidente Castillo durante la crisis del 7 de diciembre de 2022, fecha en la que este anunció la disolución del Congreso y otras medidas de excepción que nunca llegaron a ejecutarse.
Entre los hechos señalados, Camones destacó que la ex primera ministra condujo personalmente al equipo de TV Perú al despacho presidencial para la transmisión del mensaje a la nación, una coordinación que —según afirmó— no correspondía a la Presidencia del Consejo de Ministros. También sostuvo que Chávez no expresó oposición alguna al anuncio de Castillo, lo que, a juicio del informe, vulneró artículos de la Constitución relacionados con la defensa del orden democrático.
La legisladora precisó que este proceso parlamentario busca establecer responsabilidad política y constitucional, sin interferir en los procesos penales ya abiertos por rebelión y conspiración contra los implicados.
El informe aprobado será debatido próximamente en el pleno del Congreso, instancia que definirá si procede la acusación contra Chávez. Su situación diplomática ha agravado la tensión bilateral con México, país que le otorgó asilo y cuya relación con Perú permanece rota desde diciembre de 2023, tras un progresivo deterioro motivado por discrepancias en torno al gobierno de Dina Boluarte.