José Alfredo Hernández Casillas, empresario y contratista del Instituto Nacional Electoral (INE), señalado por sus vínculos con la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei, recurrió a la justicia federal para solicitar protección ante la posibilidad de que existiera una orden de aprehensión o comparecencia en su contra.
De acuerdo con información contenida en su demanda de amparo, el recurso fue presentado el 9 de febrero de 2026, luego de que el empresario asegurara que presuntos agentes de la policía ministerial acudieron a su domicilio particular en la Ciudad de México para buscarlo.
Según su declaración, los hechos ocurrieron el 21 de enero, alrededor del mediodía, cuando varias personas que se identificaron como agentes ministeriales llegaron a una vivienda ubicada en avenida de Las Fuentes, en Jardines del Pedregal, y preguntaron por él.
Hernández Casillas sostuvo que los agentes mencionaron contar con una orden de aprehensión y otra de comparecencia, pero que, al no encontrarlo, se retiraron sin proporcionar información adicional.
Solicitó conocer si existe alguna investigación en su contra
Ante esta situación, el contratista pidió la intervención de autoridades judiciales federales de la Ciudad de México y del Estado de México para esclarecer si existe alguna carpeta de investigación, averiguación previa o procedimiento penal en el que pudiera estar involucrado.
En su solicitud manifestó desconocer qué autoridad habría emitido las presuntas órdenes judiciales y solicitó la suspensión provisional y, en su caso, definitiva de cualquier orden de captura o comparecencia que pudiera existir en su contra.
El empresario también negó haber cometido algún delito y aseguró que siempre se ha conducido conforme a las leyes mexicanas.
Asimismo, expresó su disposición para colaborar con las autoridades ministeriales en caso de que exista alguna investigación relacionada con su persona.
Empresas relacionadas con contratos millonarios del INE
Hernández Casillas ha sido identificado como contratista del organismo electoral mediante empresas como Corporativo Zeg y Cajas Graf, señaladas por obtener contratos de montos millonarios tanto del INE como de organismos públicos electorales locales.
Su relación señalada con Guadalupe Taddei ha colocado sus actividades empresariales bajo atención pública, particularmente por los recursos destinados a contrataciones vinculadas con instituciones electorales.
Para promover el juicio de amparo, el empresario recurrió al despacho jurídico Hernández Barros y autorizó como representantes legales a Julio Antonio Hernández Barros, Julio Antonio Hernández Sicilia, Raúl Monzón González y Jesús Fernández Hernández.
Hasta el momento, la información disponible no permite confirmar que exista una orden de aprehensión vigente contra Hernández Casillas ni que haya sido formalmente imputado por algún delito.
La presentación del amparo tampoco constituye una prueba de responsabilidad penal, sino el ejercicio de un mecanismo constitucional de protección frente a posibles actos de autoridad.
El caso abre interrogantes sobre la situación jurídica del contratista y las circunstancias que motivaron su solicitud de protección ante la justicia federal.
