La situación jurídica de Rubén Rocha Moya volvió a colocarse en el centro de la atención luego de que Derek Maltz, exadministrador interino de la DEA, lanzara un nuevo llamado para que México permita que el gobernador con licencia de Sinaloa sea extraditado a Estados Unidos.
Maltz utilizó sus redes sociales para pedir a las autoridades mexicanas “hacer lo correcto” y dar curso al procedimiento que permitiría que Rocha Moya enfrente ante tribunales estadounidenses los señalamientos formulados en su contra por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
El exfuncionario estadounidense consideró especialmente delicadas las acusaciones relacionadas con presuntos sobornos y posibles acuerdos entre servidores públicos y organizaciones criminales.
En su posicionamiento, sostuvo que quienes ocupan cargos cuya responsabilidad es proteger a los ciudadanos deben responder ante la justicia cuando existen evidencias que sustenten acusaciones penales. Al mismo tiempo, expresó confianza en la experiencia de los fiscales de Nueva York para procesar investigaciones vinculadas con delincuencia organizada internacional.
Maltz también hizo énfasis en que cualquier procedimiento contra Rocha Moya deberá desarrollarse respetando el debido proceso, por lo que su petición se centra en que el político sinaloense sea llevado ante una corte y sean las autoridades judiciales las que determinen su responsabilidad.
La presión del exintegrante de la DEA no comenzó con este último pronunciamiento. Desde agosto ha realizado diferentes publicaciones en las que insiste en que el gobernador con licencia debe enfrentar a la justicia estadounidense.
Incluso ha difundido imágenes y videos elaborados con inteligencia artificial que representan hipotéticos escenarios en los que Rocha Moya aparece bajo custodia de agencias de seguridad de Estados Unidos.
El caso adquirió mayor relevancia después de que autoridades mexicanas confirmaran meses atrás la existencia de una solicitud formal de extradición presentada por Estados Unidos. La petición fue recibida por la Secretaría de Relaciones Exteriores y enviada a la Fiscalía General de la República para su análisis.
En ese momento se informó que la documentación proporcionada por las autoridades estadounidenses requería información adicional para determinar la viabilidad del procedimiento.
Hasta ahora no se ha dado a conocer públicamente una resolución definitiva que autorice la entrega de Rocha Moya a Estados Unidos, por lo que el pronunciamiento de Maltz representa una exigencia pública y no una determinación judicial.
Rocha Moya permanece con licencia de la gubernatura de Sinaloa después de un breve intento por regresar al cargo en agosto. Tras permanecer separado de sus funciones durante varios meses, retomó actividades el 21 de agosto, pero posteriormente solicitó nuevamente licencia por tiempo indefinido.
El Congreso de Sinaloa avaló su separación, mientras el estado quedó bajo una administración interina de cara al proceso electoral de 2027.
Con su nueva declaración, Maltz mantiene la presión sobre las autoridades mexicanas para avanzar en el caso, mientras permanece pendiente la determinación oficial sobre el procedimiento de extradición solicitado por Estados Unidos.
