La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención de Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, por su presunta participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, dentro de las investigaciones relacionadas con el caso Agronitrogenados.
De acuerdo con la autoridad federal, la orden de aprehensión fue cumplimentada tras una investigación que señala a Gilda Susana Lozoya como presunta beneficiaria de recursos de origen ilícito provenientes de un esquema de sobornos y triangulación financiera vinculado a la compra de la planta Agronitrogenados. La FGR no precisó el lugar donde fue detenida, aunque confirmó que ya fue puesta a disposición del juez que conoce del caso.
Las investigaciones ministeriales indican que entre junio y noviembre de 2012 la ahora detenida habría recibido transferencias por millones de dólares a través de la empresa Tochos Holding Limited, señalada como una empresa fachada vinculada a Emilio Lozoya. Dichos recursos, según la Fiscalía, provenían de una empresa propiedad del empresario Alonso Ancira Elizondo, exaccionista mayoritario de Altos Hornos de México.
La FGR sostiene que Gilda Susana Lozoya adquirió derechos sobre una cuenta bancaria en Suiza mediante una cesión realizada por su hermano, convirtiéndose en beneficiaria de fondos cuya procedencia, de acuerdo con las investigaciones, carecía de justificación económica y comercial.
Asimismo, la dependencia señaló que parte de esos recursos fueron utilizados para financiar la compra de un inmueble en la Ciudad de México, el cual ya fue sujeto a extinción de dominio mediante una sentencia definitiva emitida por el Poder Judicial Federal.
El caso Agronitrogenados continúa siendo uno de los procesos de mayor relevancia en materia de combate a la corrupción, mientras la FGR también busca reactivar el proceso penal contra Emilio Lozoya, luego de que el empresario Alonso Ancira incumpliera el convenio de reparación del daño acordado con Pemex por la adquisición de la planta, considerada por la Auditoría Superior de la Federación como una instalación en condiciones de “chatarra”.
