El Gobierno de Estados Unidos amplió las acciones contra presuntas estructuras financieras vinculadas al Cártel de Sinaloa, al sancionar a más de una docena de personas y empresas acusadas de participar en operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de drogas.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, informó que las medidas buscan bloquear el flujo de recursos económicos provenientes principalmente del tráfico de fentanilo hacia territorio norteamericano.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, una de las redes sancionadas estaría encabezada por Armando Ojeda Avilés, identificado como presunto operador encargado de recolectar dinero en efectivo generado por la venta de drogas en Estados Unidos para posteriormente convertirlo en criptomonedas y transferirlo a México.
Dentro de la misma estructura también fue señalado Alfredo Orozco Romero, quien presuntamente utilizaba una empresa de seguridad privada y un restaurante en Chihuahua como fachada para actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero.
La segunda red sancionada sería dirigida por Jesús González Peñuelas, buscado por autoridades estadounidenses desde 2017 y señalado por presuntamente participar en la distribución de metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo en varios estados de Estados Unidos.
Las nuevas sanciones ocurren semanas después de que el Departamento de Justicia estadounidense acusara formalmente al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a otros funcionarios y exfuncionarios de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y supuesta protección a actividades relacionadas con el tráfico de drogas.
Tras dichas acusaciones, Rocha Moya solicitó licencia a su cargo el pasado 2 de mayo, mientras que el Gobierno de México ha señalado que actuará conforme a derecho siempre que existan pruebas suficientes presentadas por las autoridades estadounidenses.
Las sanciones de la OFAC implican el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de realizar transacciones financieras con ciudadanos o empresas de Estados Unidos.
El gobierno norteamericano mantiene actualmente una estrategia enfocada en atacar las estructuras financieras y operativas de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas, consideradas una prioridad de seguridad nacional para Washington.