Una investigación de The New York Times reveló que agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos habrían participado en operativos contra el crimen organizado en Chihuahua durante 2025, gracias a la colaboración de Guillermo Arturo Zuany Portillo, entonces fiscal de Operaciones Estratégicas del estado.
De acuerdo con la publicación estadounidense, el exfuncionario habría servido como enlace entre los agentes extranjeros y unidades de la Policía Estatal, permitiendo su participación en labores de capacitación, asesoramiento táctico y acompañamiento durante distintas operaciones de seguridad.
Sin embargo, uno de los aspectos que más llama la atención es que Zuany Portillo presuntamente obtuvo la restitución de su visa estadounidense a cambio de facilitar esta colaboración, después de que las autoridades de Estados Unidos se la retiraran por sospechas de posibles vínculos con organizaciones criminales.
La CIA habría participado durante seis meses en operaciones en Chihuahua
La investigación, sustentada en documentos y entrevistas con funcionarios mexicanos y estadounidenses, señala que la colaboración comenzó en 2025, cuando Zuany Portillo presentó a un agente de la CIA ante elementos de seguridad estatales con el argumento de que ayudaría a conformar una nueva unidad de fuerzas especiales.
Durante los meses siguientes, los agentes estadounidenses habrían observado entrenamientos, evaluado el equipamiento policial y acompañado a los elementos mexicanos en patrullajes y operativos contra presuntos integrantes de grupos delictivos.
Incluso, se señala que personal de la CIA y el entonces fiscal participaron en la coordinación de una operación para detener a un presunto líder criminal en un bar. No obstante, cuando los agentes llegaron al establecimiento, el objetivo ya había escapado.
Según los testimonios recopilados, los estadounidenses utilizaban equipo táctico, portaban armas y, en determinadas ocasiones, vestían chamarras identificadas con el estado de Chihuahua.
Aunque su función principal habría consistido en proporcionar información de inteligencia y asesoramiento, la investigación documenta que uno de los agentes utilizó un rifle para brindar cobertura desde el exterior durante una intervención policial en una presunta casa de seguridad del crimen organizado.
Asimismo, otro integrante de la agencia habría revisado dispositivos electrónicos asegurados y presenciado el interrogatorio de una persona detenida.
Exfiscal enfrentaba acusaciones por presuntos vínculos criminales
El reportaje también expone que Guillermo Arturo Zuany Portillo había sido señalado por presuntos actos de corrupción y posibles relaciones con integrantes del crimen organizado.
Entre los antecedentes mencionados figuran declaraciones de testigos protegidos que lo relacionaban con el asesinato de dos policías en 2022, así como acusaciones de haber obstaculizado las investigaciones posteriores.
Pese a estos señalamientos y a las advertencias que presuntamente realizaron funcionarios de ambos países, la CIA habría mantenido su colaboración con el entonces fiscal.
La publicación sostiene que la restitución de su visa estadounidense quedó documentada en comunicaciones oficiales dirigidas al FBI, consultadas durante la investigación.
Revelaciones generan interrogantes sobre la intervención de agentes extranjeros
El caso ha puesto bajo la lupa los mecanismos de cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, particularmente por la presunta participación de agentes de inteligencia extranjeros en operaciones realizadas dentro del territorio mexicano.
Las revelaciones también plantean cuestionamientos sobre el conocimiento y la autorización de las autoridades competentes para permitir el acompañamiento de personal estadounidense en acciones policiales estatales.
La investigación se conoce en medio de la controversia relacionada con la participación de agencias extranjeras en tareas de seguridad y las responsabilidades de funcionarios que habrían facilitado su intervención.
Hasta ahora, los señalamientos contra Zuany Portillo y las circunstancias de la presunta colaboración corresponden a la información publicada por The New York Times, por lo que las acusaciones no deben considerarse hechos judicialmente acreditados.
El caso vuelve a colocar a Chihuahua en el centro de la discusión sobre la cooperación internacional contra el narcotráfico y los límites de la intervención de agencias estadounidenses en territorio mexicano.
