Guadalupe y Calvo, Chih.- La violencia y los enfrentamientos entre grupos armados continúan obligando a familias de la zona serrana de Chihuahua a abandonar sus hogares. En los últimos días, más de un centenar de habitantes de distintas comunidades de Guadalupe y Calvo han tenido que salir de sus localidades para ponerse a salvo, en medio del temor y la incertidumbre.
Uno de los desplazamientos más recientes se registró en la región de Los Otates, donde alrededor de 90 personas, entre niñas, niños, mujeres, adultos y adultos mayores, dejaron sus viviendas tras los enfrentamientos registrados durante el fin de semana. Los habitantes señalaron que llevaban varios días escuchando detonaciones y drones, situación que les impedía descansar y realizar sus actividades cotidianas.
De acuerdo con testimonios recabados por habitantes de la región, las familias provenían de Otates de Arriba, Otates de Abajo y Hacienda de los Carrillo. Algunas fueron trasladadas a la cabecera municipal, mientras que otras buscaron refugio en Chihuahua capital y Guachochi.
La salida no ha sido sencilla. Algunas personas desplazadas denunciaron que no todos los integrantes de sus familias pudieron abandonar la zona y que persiste el temor incluso en los puntos a los que llegaron, por lo que han solicitado acompañamiento de las autoridades para continuar su traslado hacia lugares más seguros.
La situación también alcanza a otras localidades. Habitantes de Santa Tulita, Puerto Riyito y Las Tahonas han solicitado apoyo para salir, mientras que en comunidades como Baborigame y Nabohame se han reportado condiciones de tensión y restricciones para transitar por los caminos rurales.
El secretario de Seguridad Pública Estatal, Luis Aguirre Rodríguez, informó que el domingo 8 de noviembre elementos de la Policía Estatal, en coordinación con personal del Ejército Mexicano, acompañaron a 14 personas que solicitaron salir de una comunidad de Guadalupe y Calvo, luego de los reportes de detonaciones registrados desde el pasado 3 de noviembre en la zona de Baborigame.
Las personas fueron trasladadas a la cabecera municipal y reciben atención humanitaria en un albergue. Además, las autoridades anunciaron el despliegue de un operativo interinstitucional con recorridos preventivos y apoyo de drones de reconocimiento en Nabohame y caminos aledaños.
Por su parte, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos confirmó que abrió un expediente por desplazamiento forzado interno relacionado con las familias que abandonaron Los Otates. Hasta el momento, no se ha dado a conocer un padrón oficial actualizado que permita establecer el número total de personas afectadas por los hechos recientes.
El desplazamiento en Guadalupe y Calvo no es un fenómeno nuevo. De acuerdo con cifras citadas por la Misión Civil de Observación sobre desplazamiento forzado interno, durante 2025 al menos 1,335 personas originarias de ese municipio tuvieron que abandonar sus comunidades por la violencia.
En febrero de 2026, más de 200 familias de la seccional de Atascaderos también fueron desplazadas en menos de 24 horas, en otro episodio que evidenció la vulnerabilidad de las poblaciones de la Sierra Tarahumara.
Organizaciones civiles que recorrieron recientemente la región documentaron las condiciones que enfrentan las familias, entre ellas la falta de seguridad, dificultades para acceder a servicios básicos y necesidades de alimentación, atención médica y alojamiento. También advirtieron que algunas comunidades han quedado prácticamente vacías.
La crisis afecta a pobladores mestizos y a comunidades indígenas rarámuri y ódami, cuyos habitantes se han visto obligados a dejar sus viviendas, tierras y actividades productivas.
Mientras las autoridades mantienen operativos de seguridad y brindan apoyos de emergencia, las familias desplazadas enfrentan la incertidumbre de no saber cuándo podrán regresar. Para muchos, abandonar sus comunidades no representa una decisión voluntaria, sino una medida para proteger su vida ante una violencia que continúa alterando la vida de la región serrana.
