La Fiscalía General del Estado de Veracruz solicitó al Congreso local el desafuero del alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, al señalarlo como presunto autor intelectual del asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, privada de la libertad y posteriormente asesinada en junio de este año.
La petición fue presentada como parte de la carpeta de investigación abierta por el homicidio de la comunicadora y busca retirar la protección constitucional del presidente municipal para que pueda ser procesado penalmente, en caso de que el Congreso apruebe el procedimiento.
La Fiscalía también solicitó el desafuero del alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, aunque hasta el momento no ha informado públicamente los delitos que se le atribuyen.
De acuerdo con la investigación ministerial, el caso involucra a ocho personas, entre ellas presuntos integrantes de un grupo delictivo y elementos de corporaciones policiacas municipales, quienes habrían participado en la privación ilegal de la libertad y posterior asesinato de la periodista.
Por su parte, Rubicelia Ramírez Posada, madre de Roxana Guzmán, reconoció el trabajo realizado por la Fiscalía, pero pidió que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias y que todos los responsables sean llevados ante la justicia. Asimismo, solicitó que se investigue a otros presuntos involucrados relacionados con corporaciones de seguridad municipales.
En respuesta a la solicitud de desafuero, representantes de Movimiento Ciudadano, partido al que pertenecen los alcaldes señalados, manifestaron que respetarán el desarrollo de las investigaciones, pero pidieron que el proceso se conduzca con apego a la legalidad, el debido proceso y la presunción de inocencia, además de rechazar cualquier uso político de las instituciones de procuración de justicia.
Los alcaldes notificados cuentan con un plazo de siete días hábiles para presentar su defensa ante la Comisión Instructora del Congreso de Veracruz. Una vez concluido ese periodo, el órgano legislativo analizará las pruebas y determinará si existen elementos suficientes para someter la solicitud de desafuero a votación del Pleno.
