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    Gobierno de Trump despide a fiscal que se negó a acusar a Letitia James, quien investigó sus negocios

    La Administración del presidente estadounidense Donald Trump despidió este viernes a la fiscal Elizabeth Yusi, luego de que se negara a presentar cargos en contra de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, reconocida por encabezar investigaciones sobre los negocios del actual mandatario.

    De acuerdo con el New York Times, el Departamento de Justicia notificó la destitución de Yusi y de su adjunta, Kristin Bird, tras su negativa a seguir las órdenes de la Casa Blanca. La fiscal argumentó que no existían causas probables para formular acusaciones contra James, pese a las presiones públicas del presidente.

    La decisión ocurre pocos días después de que un gran jurado federal en el distrito este de Virginia acusara formalmente a Letitia James de fraude bancario y declaraciones falsas relacionadas con la compra de una propiedad en Norfolk, Virginia, en 2020.

    Elizabeth Yusi contaba con una trayectoria destacada en la fiscalía del distrito este de Virginia, donde logró sentencias por delitos violentos y fraude financiero. Sin embargo, su salida ha sido interpretada por analistas como un nuevo episodio en la tensión entre el gobierno de Trump y funcionarios judiciales que se resisten a politizar sus decisiones.

    Cabe recordar que en septiembre de 2022, Letitia James presentó una demanda civil contra Trump y su organización corporativa en Manhattan, acusándolos de inflar el valor de sus activos inmobiliarios y financieros para obtener beneficios en préstamos y seguros.

    Desde su regreso a la presidencia, Trump ha respaldado a su fiscal general, Pam Bondi, quien ha impulsado acusaciones formales contra diversos funcionarios considerados “enemigos políticos” del mandatario, entre ellos la propia James, el exdirector del FBI James Comey, y recientemente el exasesor de seguridad nacional John Bolton.

    El despido de Yusi ha generado preocupación en círculos judiciales y políticos por el uso del poder ejecutivo para influir en procesos legales, un tema que vuelve a colocar en el centro del debate la independencia del sistema judicial estadounidense.

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