La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), investiga a la empresa Ingemar, S.A. de C.V., vinculada al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su presunta participación en una red de lavado de dinero relacionada con el contrabando de hidrocarburos.
De acuerdo con las investigaciones, Ingemar habría realizado durante 2025 operaciones financieras por más de 3 mil 75 millones de pesos en territorio nacional, además de movimientos cambiarios superiores a mil 386 millones de dólares, mediante una estrategia de triangulación transfronteriza y dispersión de recursos.
Las autoridades federales señalaron que la empresa habría funcionado como uno de los principales centros de concentración y distribución del dinero obtenido mediante la importación ilegal de combustibles procedentes de refinerías ubicadas en Texas, Estados Unidos.
El esquema presuntamente consistía en ingresar gasolina y diésel a México utilizando permisos federales asignados a Ingemar, pero alterando o presentando información incompleta en los pedimentos aduanales. Los cargamentos eran declarados como aceites, bases lubricantes o aditivos químicos, productos con menores cargas tributarias, para evitar el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Impuesto al Valor Agregado.
La FGR detectó además una red de empresas que aparentemente simulaban operaciones comerciales para dar legalidad al combustible introducido de manera irregular. Entre las compañías investigadas se encuentran Crismon Hidrocarburos y Derivados, Internacional de Fundentes y Logística Ferroviaria Fargo.
Estas empresas aparecían como intermediarias o destinatarias finales en guías de embarque, facturas y cartas de porte, lo que permitía comercializar el combustible en estaciones de servicio del país y convertir los recursos derivados del contrabando en dinero aparentemente lícito.
Las investigaciones también relacionan el esquema con el aseguramiento de decenas de ferrotanques en Ramos Arizpe, Coahuila. Al menos nueve de estas unidades procedían directamente de Texas y tenían como destinataria final a Ingemar.
Según la UIF, el perfil fiscal y contable de la compañía no correspondía con el volumen de sus movimientos bancarios. Aunque la empresa reportaba balances moderados ante las autoridades tributarias, sus cuentas recibían depósitos millonarios provenientes de compañías vinculadas con operaciones portuarias y de hidrocarburos.
Las autoridades identificaron más de 80 cuentas bancarias asociadas con Ingemar en diferentes instituciones financieras. El dinero era depositado y transferido inmediatamente a cuentas secundarias o al extranjero, manteniendo saldos mínimos para dificultar su rastreo y evitar alertas de posibles operaciones de lavado de dinero.
Parte de los recursos eran convertidos a dólares y enviados a empresas con sede en Houston, Texas, bajo supuestos conceptos comerciales que no habrían tenido respaldo en importaciones reales o en bienes que regresaran a territorio mexicano.
La investigación derivó en la captura del exgobernador Ernesto Ruffo Appel en Baja California, quien fue imputado por los delitos de delincuencia organizada y contrabando calificado.
Además de Ruffo Appel, la FGR investiga a integrantes del Consejo de Administración de Ingemar, representantes legales, agentes aduanales, operadores logísticos y otras personas que presuntamente participaron en la elaboración y validación de pedimentos falsos para facilitar el ingreso y comercialización ilegal de combustibles.
Las autoridades federales continúan con las indagatorias para determinar el alcance de la red financiera, identificar a todos los involucrados y establecer el destino final de los recursos.
