Por unanimidad, el máximo tribunal del país reafirma la obligación de impartir justicia con perspectiva de género y respeto a los derechos de las víctimas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó por unanimidad la reducción de condena que había beneficiado a Diego Urik Mañón Melgoza, responsable del feminicidio de la maestra Jessica González Villaseñor, ocurrido en Morelia, Michoacán, en 2020.
Con esta decisión, el máximo tribunal dejó sin efecto la resolución del Tribunal Colegiado que redujo la pena de 50 años a 42 años y seis meses de prisión, dentro del Amparo Directo en Revisión 4872/2024, y ordenó emitir una nueva sentencia conforme a los principios constitucionales y criterios de proporcionalidad en casos de violencia feminicida.
La Corte determinó que la sanción impuesta al responsable deberá basarse exclusivamente en la gravedad del delito y el grado de culpabilidad, desestimando el uso del derecho a la reinserción social como argumento para reducir condenas en delitos de extrema gravedad como el feminicidio.
Durante la sesión, la ministra Loretta Ortiz Ahlf subrayó que “en la individualización de la sanción penal debe realizarse un razonamiento lógico-jurídico que atienda a la gravedad de la conducta típica y antijurídica, y al grado de culpabilidad reprochable. La reinserción social no es un factor que deba considerarse para disminuir la pena”.
Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel Mossa señaló la falta de perspectiva de género en las resoluciones anteriores y advirtió sobre el incremento de feminicidios en la región: “Lamentablemente, el feminicidio es un delito que se ha incrementado en las últimas décadas en toda Latinoamérica. El primer reproche jurídico que debe hacerse a las sentencias previas es precisamente la ausencia de perspectiva de género y de protección a las víctimas”.
El fallo de la SCJN concede el amparo a los familiares de la víctima, quienes habían impugnado la reducción de la pena, y ordena al tribunal local dictar una nueva sentencia conforme a los lineamientos establecidos por el máximo tribunal.
El feminicidio de Jessica González, una joven maestra de Morelia, generó gran indignación social en 2020. Su agresor fue detenido y sentenciado a 50 años de prisión; sin embargo, la reducción de su condena había sido vista como un retroceso en la lucha contra la impunidad en casos de violencia de género.
Tanto la Fiscalía General del Estado de Michoacán como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos celebraron la resolución de la Corte, considerándola un precedente clave para fortalecer la justicia con perspectiva de género y garantizar los derechos de las víctimas.