La tenencia vehicular —un impuesto que nació en 1962 para financiar los Juegos Olímpicos de 1968 y que se prometió como temporal— podría regresar de manera obligatoria en todo el país. El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados impulsa una propuesta para que este cobro se aplique nuevamente en los 32 estados, con el argumento de fortalecer las debilitadas finanzas municipales y estatales.
La iniciativa forma parte de un plan más amplio de modernización del catastro nacional y regularización del cobro del predial, con el que se busca corregir décadas de rezago administrativo. Según el vicecoordinador morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, más de 800 municipios carecen todavía de padrones digitales, lo que dificulta calcular adecuadamente su base de contribuyentes y limita su capacidad de inversión.
Morena sostiene que la modernización catastral podría elevar la recaudación nacional del predial —hoy en 82 mil 998 millones de pesos— en hasta 59 mil millones de pesos adicionales al año, si México lograra alcanzar el promedio latinoamericano de 0.38% del PIB.
Pero la propuesta que más debate ha generado es la reinstalación de la tenencia. Actualmente, sólo 15 estados mantienen este cobro; con su aplicación nacional, Morena estima que se podrían obtener entre 42 mil y 76 mil millones de pesos anuales adicionales. El partido asegura que los recursos se destinarían a proyectos de movilidad e infraestructura, aunque no se detallan los mecanismos específicos para garantizar su uso.
La tenencia nació como un impuesto temporal. El gobierno de Adolfo López Mateos lo creó para apoyar los costos de las obras olímpicas, con la promesa de eliminarlo al concluir los preparativos. Sin embargo, el cobro se mantuvo durante décadas y se convirtió en una fuente estable de ingresos para los estados. En los años recientes, varios gobiernos lo retiraron o lo reemplazaron con descuentos y programas locales, generando un mosaico desigual de cargas fiscales para los automovilistas.
La propuesta de Morena busca revertir esta dispersión y volver a un esquema nacional obligatorio. Aunque pretende fortalecer las finanzas locales y promover una recaudación más eficiente, también anticipa un conflicto político y social en torno a la carga para los propietarios de vehículos, la transparencia del uso del dinero y la posibilidad de que el impuesto vuelva a instalarse sin fecha clara de conclusión.
La discusión apenas inicia en San Lázaro. Si la iniciativa avanza, el impuesto que alguna vez financió los Juegos Olímpicos podría regresar con una nueva misión: financiar la movilidad y la infraestructura del México del siglo XXI.