En un giro inesperado de política energética, el gobierno de México ha dado luz verde al uso de fracturación hidráulica —fracking— con el objetivo de reactivar la producción de hidrocarburos de Petróleos Mexicanos (Pemex), en medio de una creciente presión fiscal y de deuda que amenaza la viabilidad de la empresa estatal.
La medida marca un cambio radical de postura respecto a la administración anterior, que había vetado la técnica por sus implicaciones ambientales. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en campaña aseguró no permitir el fracking, ha avalado el nuevo plan como parte de una estrategia de “rescate técnico y productivo” de Pemex.
Según documentos internos obtenidos por Reuters, el gobierno proyecta que la incorporación del fracking podría sumar 197 millones de barriles de petróleo y más de 300 mil millones de pies cúbicos de gas al total nacional hacia 2030. Las operaciones se centrarán en cuencas del norte y este del país: Tampico‑Misantla, Burgos y Sabinas‑Burro Picachos.
Tecnología y pragmatismo
Los defensores del plan, incluidos asesores técnicos de Pemex, afirman que el fracking actual es más seguro que en décadas anteriores. “La fracturación hidráulica de hoy no tiene nada que ver con la de hace 20 años”, comentó Fluvio Ruiz, exconsejero independiente de Pemex. Destacó que los avances en perforación y diseño de pozos han reducido significativamente los riesgos de contaminación.
Además, aseguran que México no necesita crear nuevas leyes para operar bajo este modelo, ya que existen regulaciones ambientales robustas que simplemente deben aplicarse con rigor.
Dilema ambiental y político
No obstante, la decisión ha desatado críticas entre ambientalistas y miembros de la sociedad civil que ven en esta política un retroceso. “Esto es traicionar promesas de campaña y comprometer los recursos hídricos de regiones ya vulnerables”, expresó Mariel Castañeda, vocera de la organización Tierra Viva.
Por otro lado, el giro ha sido bien recibido en los mercados energéticos, donde se interpreta como una señal de pragmatismo en medio de las dificultades operativas y financieras que enfrenta Pemex.
Entre la urgencia fiscal y el legado ambiental
Pemex carga con una deuda superior a los 110 mil millones de dólares y una producción en declive que ha obligado al gobierno federal a aumentar sus transferencias. En este contexto, el fracking representa una última carta técnica para recuperar producción sin depender del costoso desarrollo de campos en aguas profundas.
El éxito del plan dependerá de una implementación controlada, con supervisión ambiental efectiva y transparencia en los resultados. México, una vez más, camina sobre una delgada línea entre su necesidad energética y su compromiso ambiental.