La ciudad autónoma de Ceuta enfrenta una nueva crisis migratoria tras el incremento en la llegada de personas que cruzan a nado desde Marruecos por la zona del espigón del Tarajal, una situación que ha generado presión sobre los servicios de emergencia, seguridad y atención humanitaria.
En los últimos días, cientos de personas han ingresado diariamente a territorio español utilizando flotadores, aletas y trajes de neopreno para atravesar el mar. La mayoría son hombres jóvenes, aunque también se ha reportado la presencia de mujeres y menores de edad.
Las autoridades de Ceuta informaron que el flujo migratorio continúa en aumento y estiman que, en promedio, alrededor de 300 personas cruzan cada día por esta vía. Además, señalaron que la ruta marítima sigue cobrando vidas, con más de 60 personas fallecidas durante los últimos 12 meses mientras intentaban llegar a territorio español.
Ante esta situación, la Guardia Civil mantiene un despliegue permanente en la frontera sur para contener los cruces irregulares. Aunque existe colaboración entre las autoridades españolas y la Gendarmería de Marruecos, fuentes de seguridad consideran que las acciones implementadas no han sido suficientes para reducir la presión migratoria.
El Ministerio del Interior de España atribuyó el incremento de los cruces a la actuación de redes dedicadas al tráfico de personas, las cuales, según indicó, estarían aprovechando una resolución judicial para incentivar la migración irregular. Asimismo, informó que España y Marruecos acordaron reforzar la coordinación bilateral con el objetivo de agilizar la devolución de quienes ingresen de manera ilegal a Ceuta.
Frente al aumento de llegadas, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, solicitó al Gobierno español declarar la “emergencia nacional” y asumir un “mando único” para coordinar la respuesta institucional, además de destinar mayores recursos económicos para atender la situación.
No obstante, el Gobierno de España rechazó dicha petición al señalar que la legislación vigente en materia de Protección Civil no contempla los flujos migratorios como un supuesto para declarar una emergencia nacional, por lo que descartó aplicar esa medida.
