La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, a quien acusa de los presuntos delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, así como de atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
La investigación está relacionada con los bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio, presuntamente impulsados por organizaciones campesinas y sectores afines al exmandatario, quienes exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
De acuerdo con las autoridades, las movilizaciones se prolongaron durante siete semanas y provocaron desabasto de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en distintas regiones del país. Además, se reportó la muerte de al menos 16 personas, de las cuales 13 habrían fallecido por la falta de atención médica derivada de los bloqueos.
La orden de captura también incluye al dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Marco Argollo, mientras que el líder campesino Vicente Salazar permanece bajo prisión preventiva por otra investigación relacionada con los mismos hechos.
Tras darse a conocer la resolución judicial, Evo Morales rechazó las acusaciones y aseguró que enfrenta una persecución política. A través de un mensaje en redes sociales, afirmó que el gobierno intenta responsabilizarlo de las protestas para desviar la atención de la crisis económica y social que, según dijo, atraviesa Bolivia.
El exmandatario permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, donde cuenta con el respaldo de sus simpatizantes para evitar el cumplimiento de otra orden de captura relacionada con un proceso por presunta trata agravada de personas.
