A quince meses de su puesta en marcha, el Operativo Enjambre se ha convertido en una de las acciones más contundentes del Estado mexicano para combatir la corrupción institucional y la infiltración del crimen organizado en los gobiernos municipales.
Implementada en noviembre de 2024, esta estrategia federal —basada en la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales— ha derivado en la detención de 61 funcionarios y exfuncionarios municipales en distintas entidades del país. Entre los capturados figuran 14 presidentes municipales de diversos partidos políticos, señalados por delitos que van desde extorsión y secuestro exprés hasta homicidio, desvío de recursos públicos y presuntos nexos con organizaciones criminales de alto impacto.
Las investigaciones han revelado vínculos con grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia Michoacana y el Cártel de Chiapas y Guatemala, lo que ha puesto en evidencia la profundidad de la infiltración delictiva en estructuras locales de poder.
Uno de los casos más recientes es la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, junto con tres directores de su administración, acción que reforzó la narrativa de que el operativo no distingue cargos ni filiaciones políticas.
Estado de México, epicentro de la estrategia
El Estado de México se ha consolidado como el principal bastión del Operativo Enjambre. Bajo el impulso de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, la Fiscalía General de Justicia estatal ha logrado la detención de 60 personas en al menos 18 municipios, además de obtener 19 sentencias condenatorias contra 17 objetivos considerados prioritarios.
Entre las resoluciones judiciales más severas destacan la condena de 70 años de prisión contra María Elena Martínez Robles, exalcaldesa de Amanalco, por el delito de homicidio, así como la sentencia de 68 años contra Ulises González Hernández, excomisario de Acambay, por desaparición forzada.
Un modelo nacional contra la extorsión
El Operativo Enjambre forma parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y es presentado por el Gobierno de México como un modelo replicable para otras entidades del país.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha subrayado que los resultados obtenidos son producto de la coordinación institucional, el trabajo de inteligencia y, especialmente, de las denuncias ciudadanas, consideradas clave para desmantelar redes de corrupción que operaban con impunidad desde el poder local.