Chihuahua, Chih.- A casi tres años de haber resultado gravemente lesionado en cumplimiento de su deber, un policía tercero de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua sigue sin recibir la pensión por invalidez total permanente, pese a los dictámenes médicos que acreditan la gravedad de sus lesiones y las secuelas irreversibles.
De acuerdo con su esposa, el agente —cuyo nombre se reserva por seguridad— fue atropellado el 15 de diciembre de 2022 por un tráiler en el Periférico de la Juventud, durante una persecución. El impacto le provocó fracturas múltiples (calcáneo y fémur derecho, codo derecho expuesto, radio y cúbito izquierdo y lesiones en hombro), además de un preinfarto, shock hipovolémico y anemia severa. Desde entonces su estado de salud ha requerido cirugías, fisioterapia intensiva y cuidados permanentes.
En febrero de 2023 comenzó su proceso ante Medicina del Trabajo para evaluar su incapacidad; sin embargo —según relata su familia—, las incapacidades fueron reduciéndose y el trámite para pensionarlo ha sufrido constantes retrasos. En julio de 2024, el entonces coordinador de Medicina del Trabajo, Dr. Esparza, lo declaró candidato a pensión por invalidez total permanente y se integró el expediente; pero, por auditorías y cambios de personal, el caso quedó pendiente de resolución.
En junio de 2025, tras la salida del Dr. Esparza, regresó la doctora Marcela Alejandra Cardona Domínguez, quien indicó desconocer el avance del trámite y volvió a otorgarle incapacidades de 28 días, argumentando mejoría del paciente. La familia acusa que incluso se le ha negado el derecho a ser acompañado por su esposa durante las consultas, pese a que su condición física y psicológica lo ameritan.
El agente presenta secuelas como placas en brazos, hombro y fémur reforzado con clavo intramedular, dolor crónico, artrosis en el talón, acortamiento de pierna derecha, inflamación en articulaciones y síntomas compatibles con estrés postraumático. Usa bastón o muleta para caminar y toma medicación diaria para dolor e inflamación.
“Lo tienen dando vueltas desde hace año y medio, nos dan largas con pretextos de auditorías, presupuestos o cambios de personal. Él arriesgó su vida en servicio y ahora no reconocen su sacrificio”, denunció su esposa en entrevista.
Hasta el momento, la familia ha presentado quejas ante el Instituto Municipal de Pensiones y solicita la intervención de las autoridades estatales y municipales para que se agilice la resolución de la pensión y se respeten sus derechos como paciente y servidor público lesionado en cumplimiento de su deber.