La salida de Luis Rogelio Piñeda Taddei ocurre mientras autoridades federales investigan presuntas irregularidades financieras relacionadas con contratos del Instituto Nacional Electoral.
La controversia que rodea a la familia de Guadalupe Taddei Zavala, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), sumó un nuevo episodio este miércoles 11 de noviembre, luego de que su hijo, Luis Rogelio Piñeda Taddei, presentara su renuncia como secretario particular del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño.
La separación del funcionario fue confirmada por la vocería del Gobierno de Sonora y se produjo después de que trascendiera su inclusión en una lista de personas sujetas al bloqueo de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El caso está relacionado con investigaciones sobre posibles operaciones financieras irregulares y contrataciones realizadas durante la administración de Guadalupe Taddei al frente del organismo electoral, cargo al que renunció en octubre pasado.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó previamente que la UIF incorporó a 40 personas físicas y morales a su lista de bloqueados, específicamente a 25 particulares y 15 empresas vinculadas con proveedores electorales.
Entre los nombres identificados en investigaciones periodísticas figuran Guadalupe Taddei, su hermano Humberto Taddei, su hijo Luis Rogelio Piñeda y los empresarios José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, además de ocho exfuncionarios del INE.
La dependencia federal también presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), con el propósito de que se investiguen las operaciones detectadas y se establezca si existen responsabilidades penales.
Durazo había respaldado su permanencia
La renuncia ocurre menos de dos semanas después de que el gobernador Alfonso Durazo defendiera públicamente la trayectoria profesional de Piñeda Taddei, al señalar que su incorporación al gobierno estatal respondía a sus capacidades y experiencia.
Luis Rogelio había ocupado anteriormente la titularidad de la Consejería Jurídica de Sonora, antes de asumir la Secretaría Particular del Ejecutivo estatal en agosto de 2025.
Su salida incrementa la atención sobre las investigaciones que involucran a personas cercanas a la antigua dirigencia del INE y a empresas proveedoras de materiales electorales.
Cabe precisar que el congelamiento de cuentas constituye una medida administrativa de carácter preventivo y no representa, por sí mismo, una declaración de culpabilidad. Corresponderá a las autoridades ministeriales determinar si existen elementos suficientes para proceder penalmente contra alguna de las personas señaladas.
