El gobernador Rubén Rocha Moya anunció la noche del 1 de mayo que solicitó licencia temporal para separarse de su cargo, en medio de las investigaciones en su contra por parte de autoridades de Estados Unidos.
La decisión fue presentada ante el Congreso local con el objetivo de dejar de ejercer funciones mientras se esclarecen los señalamientos, lo que abre un nuevo escenario político en la entidad. La medida ocurre en un contexto de creciente presión pública y atención internacional sobre el caso.
De acuerdo con información oficial, el Departamento de Justicia estadounidense acusa al mandatario de conspiración para la importación de estupefacientes, así como de posesión y conspiración para el uso de armamento de alto poder y dispositivos destructivos. Estas imputaciones podrían derivar en penas severas que van desde décadas de prisión hasta cadena perpetua, conforme a la legislación de ese país.
Las investigaciones no se limitan al titular del Ejecutivo estatal. En el expediente también fueron incluidos al menos nueve funcionarios y exfuncionarios vinculados a áreas estratégicas del gobierno de Sinaloa, entre ellos Enrique Inzunza Cázarez, además de otros perfiles señalados por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y armas de uso exclusivo.
En algunos casos, las acusaciones escalan a delitos de mayor gravedad, incluyendo secuestro con resultado de muerte, lo que evidencia el alcance de la investigación internacional y la presunta existencia de redes de colaboración entre autoridades y grupos delictivos.
Tras la solicitud de licencia, corresponderá al Congreso estatal definir el mecanismo para garantizar la continuidad del gobierno en Sinaloa. Mientras tanto, el proceso judicial en Estados Unidos seguirá su curso, en medio de un entorno político marcado por exigencias de transparencia y posibles repercusiones a nivel nacional.