Chihuahua, Chih.- El caso de Édgar Herman Escárcega, sentenciado por secuestro, ha generado una ola de indignación social, luego de que un juez le concediera el beneficio de semilibertad, permitiéndole permanecer en casa de lunes a viernes y regresar al penal únicamente los fines de semana.
Escárcega fue hallado culpable en dos causas penales por el secuestro de tres personas en 2005, lo que le valió condenas acumuladas que se extendían hasta el 9 de enero de 2057. Sin embargo, una resolución del juez Juan Carlos Erives Fuentes modificó la medida, autorizando que solo acuda al penal de viernes a domingo hasta el año 2050.
La decisión ha sido duramente criticada, pues el sentenciado es hermano de Nancy Josefina Escárcega Valenzuela, magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial, órgano encargado precisamente de sancionar irregularidades dentro del Poder Judicial.
El beneficio otorgado se basó en supuestos estudios de rehabilitación, aunque en 2024 Escárcega había sido trasladado al Cefereso 14 de Durango por representar un riesgo para la seguridad del penal.Reacciones políticas y sociales
El tema escaló al ámbito legislativo el pasado 23 de septiembre, durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado, donde el diputado Pedro Torres Estrada, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó un enérgico posicionamiento.
“Desde esta tribuna, manifestamos nuestra más profunda preocupación y enérgico rechazo ante la reciente liberación de Édgar Escárcega Valenzuela, quien había sido condenado por el delito de secuestro. Este hecho no solo representa un grave retroceso en la lucha contra la impunidad que tanto lastima a la sociedad, sino que también siembra serias dudas sobre la integridad y la autonomía del Poder Judicial”, expresó.
El legislador subrayó que la liberación no solo erosiona la confianza ciudadana en la justicia, sino que también parece estar influenciada por intereses y conexiones políticas.
“No podemos pasar por alto que el liberado es hermano de la magistrada Nancy Josefina Escárcega Valenzuela, y que ésta, a su vez, es esposa del diputado Francisco Sánchez. Esta coincidencia, lejos de ser un mero detalle, exige una exhaustiva y transparente explicación”, advirtió.
En su exigencia, Torres Estrada pidió al Tribunal de Disciplina Judicial abrir una investigación a fondo, y señaló que la magistrada debe declararse incompetente por conflicto de interés, quedando impedida de participar en el proceso. El objetivo: determinar si existió tráfico de influencias, abuso de poder o presión política en la resolución del juez Erives Fuentes.
El diputado concluyó que estará vigilante y no permitirá que estos hechos se olviden:
“No se permitirá que estos hechos queden en el olvido; alzaré la voz cuantas veces sea necesario”.
Respuesta de la magistrada
Ante las acusaciones, Nancy Josefina Escárcega Valenzuela negó cualquier intervención en los procesos relacionados con su hermano y defendió su trayectoria profesional:
“Jamás he intervenido en ninguno de los procesos vinculados a Édgar. La justicia se defiende con expediente en mano, no con rumores ni infundios. Respondo y responderé por mis actos siempre, sin ambigüedades”.
La magistrada enfatizó que no posee atribuciones para influir en una resolución de esa naturaleza y aseguró no temer una investigación:
“No temo a la revisión porque no tengo nada que ocultar. He dedicado mi vida profesional a la defensa de la justicia y al cumplimiento irrestricto de la ley. Soy la primera en exigir que se investigue. Mi deber es con la Constitución y la ley, con nadie más”.
Asimismo, hizo un llamado a que se informe a la ciudadanía sobre todos los fundamentos legales del caso, reiterando su compromiso con la transparencia y el combate a la corrupción.
Un caso que golpea la confianza en la justicia
La decisión judicial que permite a un secuestrador convicto disfrutar de libertad parcial por más de dos décadas antes de cumplir su condena completa ha sido calificada como una “burla” para las víctimas y una muestra de privilegios en el sistema judicial mexicano.
Mientras tanto, la sociedad exige respuestas y una revisión exhaustiva que aclare si existieron irregularidades o influyeron intereses externos en la resolución.