El Senado de la República aprobó en lo general, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. La minuta, enviada horas antes por la Cámara de Diputados, deriva de la iniciativa de la titular del Ejecutivo Federal para regular el derecho humano al agua, priorizar su consumo doméstico y ordenar permisos, autorizaciones y concesiones del recurso.
De acuerdo con el proyecto, la nueva legislación busca garantizar el acceso, disposición y saneamiento del agua, además de establecer criterios para que el uso humano quede por encima de cualquier otra actividad.
Durante el debate, Óscar Cantón Zetina (Morena) afirmó que el eje central de la reforma es la población y no los grandes acaparadores. Sostuvo que la iniciativa “elimina la visión mercantilista del agua” y la devuelve “a su dueño legítimo, que es el pueblo de México”, al crear un equilibrio entre tierra, agua y personas en beneficio de productores y campesinos.
En contraste, Verónica Rodríguez Hernández (PAN) advirtió que el dictamen convierte al agua en un instrumento político, al permitir que el Gobierno Federal determine de forma discrecional quién mantiene o pierde una concesión. Afirmó que esta situación representa un riesgo para la democracia, la seguridad alimentaria y las familias mexicanas.
Desde el PVEM, Juanita Guerra Mena defendió que la iniciativa impulsa un modelo más justo y sostenible, en el que el agua se reconoce como un bien social y no como mercancía. Destacó que el proyecto promueve transparencia y garantiza el acceso al agua como derecho humano fundamental.
Por su parte, Carolina Viggiano Austria (PRI) criticó que la reforma carece de estudios económicos, presupuestales y de impacto financiero. Aseguró que tampoco contempla inversión para infraestructura y operación de sistemas de agua, ni cumplió con la consulta a pueblos originarios, por lo que, dijo, “el derecho al agua queda en el discurso, no en la realidad”.
La senadora Lizeth Sánchez García (PT) señaló que el proyecto otorga personalidad jurídica y patrimonio propio a más de 70 mil comités de agua, con derechos y obligaciones definidos. Añadió que se agilizan transmisiones de derechos y se protege el patrimonio de familias campesinas, además de diferenciar entre pequeños productores y grandes agroindustriales.
Por Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas alertó que la reforma concentra más atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin contrapesos claros, lo que aumentaría la discrecionalidad, riesgos de corrupción y castigo político. Añadió que la incertidumbre en la asignación de volúmenes podría afectar inversiones y frenar la tecnificación y nuevos proyectos en el sector.