El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas advirtió que el costo fiscal del subsidio a gasolinas y diésel podría obligar al gobierno federal a aplicar un recorte al gasto público que superaría los 200 mil millones de pesos en 2026.
De acuerdo con el organismo, este escenario dependerá de la duración y severidad de factores externos, como conflictos internacionales que afecten el abastecimiento de petróleo, combustibles y fertilizantes, lo que impactaría directamente en los precios energéticos.
El subsidio, aplicado mediante estímulos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), busca evitar incrementos en los precios al consumidor; sin embargo, implica una reducción significativa en la recaudación federal.
Especialistas señalaron que, en caso de concretarse un ajuste de esta magnitud, el presupuesto destinado a infraestructura sería uno de los más afectados, ya que suele ser uno de los rubros con mayor margen de recorte frente a presiones fiscales.
Asimismo, el organismo advirtió que el impacto podría incrementarse si el contexto internacional se prolonga, lo que obligaría a realizar ajustes adicionales en distintos sectores del gasto público.
El análisis se da en un contexto de incertidumbre económica global, donde el equilibrio entre contener precios y mantener la estabilidad de las finanzas públicas representa uno de los principales retos para el gobierno federal.