La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que revertir por completo la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007 representa un desafío financiero de gran magnitud, al señalar que una medida de esa naturaleza tendría un costo equivalente a cerca del 20 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Durante sus declaraciones, la mandataria explicó que gran parte de los recursos del sistema de pensiones ya se encuentran en cuentas individualizadas, lo que hace sumamente complejo regresar al esquema anterior. Añadió que cualquier modificación debe analizarse con responsabilidad para evitar afectaciones a las finanzas públicas y garantizar la viabilidad del sistema pensionario.
Las afirmaciones de Sheinbaum reavivaron el debate sobre la reforma impulsada durante el gobierno de Felipe Calderón, la cual transformó el modelo de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y estableció el sistema de cuentas individuales administradas por entidades financieras.
El tema también ha generado cuestionamientos debido a que diversos sectores políticos y sindicales promovieron durante años la posibilidad de revertir dicha reforma. Sin embargo, las recientes declaraciones de la presidenta apuntan a que una derogación total implicaría costos económicos difíciles de asumir para el Estado mexicano.
La discusión se mantiene vigente entre especialistas, trabajadores y organizaciones sindicales, quienes continúan analizando alternativas para mejorar las condiciones de retiro de los servidores públicos sin comprometer la estabilidad financiera del país.
