El gobernador con licencia de Sinaloa recuperó el acceso a recursos provenientes de tres pensiones, luego de obtener una medida cautelar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El resto de sus cuentas permanecería bajo restricciones.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) autorizó el desbloqueo de dos cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, quien enfrenta acusaciones en Estados Unidos por presuntos vínculos con integrantes de Los Chapitos, una de las facciones del Cártel de Sinaloa.
La decisión se concretó el pasado 5 de noviembre, después de que la Segunda Sala Regional en Sinaloa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) concediera una medida cautelar a favor del político, cuyos recursos financieros habían permanecido inmovilizados desde mayo de este año.
Recupera acceso a tres pensiones
Las cuentas liberadas corresponden exclusivamente a depósitos relacionados con tres prestaciones económicas que recibe Rocha Moya.
En una de ellas se concentran los pagos de una pensión por viudez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y otra por cesantía en edad avanzada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La segunda cuenta está destinada a recibir los recursos de su jubilación como trabajador de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).
El levantamiento del bloqueo fue realizado mediante el acuerdo UIF 110/K/6246/2026, en cumplimiento de la resolución judicial. Sin embargo, la medida no implica que el exfuncionario haya recuperado el control de la totalidad de su patrimonio.
Continúan las acusaciones en Estados Unidos
La situación financiera de Rocha Moya se complicó después de que autoridades estadounidenses presentaran, en abril de 2026, acusaciones contra él y otros nueve políticos y exfuncionarios de Sinaloa por su presunta participación en actividades relacionadas con el narcotráfico.
Entre los señalamientos se encuentran supuestos vínculos con integrantes de Los Chapitos y posibles acciones para facilitar operaciones de tráfico de drogas, incluido el fentanilo, hacia territorio estadounidense.
Rocha Moya ha rechazado las acusaciones formuladas en su contra.
Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) también ha mantenido investigaciones relacionadas con los funcionarios señalados por las autoridades norteamericanas.
El proceso judicial sigue abierto
Aunque el Tribunal Federal de Justicia Administrativa permitió liberar las dos cuentas destinadas a sus pensiones, el procedimiento legal contra el bloqueo de sus recursos todavía no cuenta con una resolución definitiva.
Otros instrumentos financieros del gobernador con licencia continuarían inmovilizados mientras se determina la legalidad de las restricciones impuestas por la UIF.
La resolución representa un avance parcial para Rocha Moya en materia administrativa, pero no modifica las acusaciones penales que enfrenta en Estados Unidos ni constituye una declaración de inocencia respecto de los hechos investigados.
