Personas relacionadas con empresas proveedoras comenzaron a colaborar con la Auditoría Superior de la Federación y entregaron información que podría revelar cómo se habrían favorecido contratos públicos durante la administración de Guadalupe Taddei.
Las investigaciones por presuntas irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE) tomaron un nuevo rumbo luego de que personas vinculadas con empresas contratistas proporcionaran a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) grabaciones, documentos y testimonios sobre posibles prácticas de corrupción en la asignación de contratos.
El titular del organismo fiscalizador, Aureliano Hernández, informó este lunes que la institución comenzó a trabajar con informantes que aseguran conocer el funcionamiento de presuntos esquemas irregulares de contratación desarrollados durante varios años en organismos electorales.
La información recabada incluye videos, fotografías, conversaciones, registros financieros, domicilios y datos de personas que podrían estar relacionadas con las operaciones investigadas.
Las indagatorias abarcan contrataciones realizadas durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala al frente del INE, aunque hasta ahora no se ha determinado públicamente su responsabilidad en los hechos señalados.
Proveedores buscan colaborar a cambio de una reducción de sanciones
De acuerdo con la información difundida, al menos tres personas relacionadas con empresas proveedoras habrían solicitado acogerse a un mecanismo que permite obtener beneficios en materia de sanciones administrativas a cambio de aportar información relevante para las investigaciones.
Este procedimiento busca incentivar la colaboración de quienes conocen posibles irregularidades, especialmente cuando sus testimonios y documentos pueden ayudar a identificar a otros participantes.
La identidad de los informantes se mantiene bajo reserva, mientras las autoridades analizan los elementos entregados y buscan determinar su relación con los contratos investigados.
Bajo revisión, posible manipulación de requisitos para favorecer empresas
Uno de los aspectos que examina la ASF es la presunta intervención de personas vinculadas con empresas contratistas en decisiones que debían corresponder a las autoridades responsables de los procedimientos de adquisición.
Según los indicios mencionados por el organismo, algunos beneficiarios de compañías proveedoras habrían participado en la definición de requisitos técnicos y en la selección de proveedores, lo que pudo generar condiciones favorables para determinados intereses empresariales.
De comprobarse estas prácticas, podrían identificarse responsabilidades por posibles irregularidades administrativas en el manejo de recursos públicos.
No obstante, las investigaciones todavía se encuentran en desarrollo y los elementos recabados deberán ser analizados antes de establecer conclusiones definitivas.
Buscan identificar responsables y destino del dinero público
La Auditoría Superior de la Federación señaló que continuará con la revisión de documentos, operaciones financieras y relaciones entre particulares y funcionarios para esclarecer los hechos.
Entre las prioridades de las investigaciones se encuentran identificar a otras personas posiblemente involucradas, determinar cómo se realizaron las contrataciones y rastrear el destino de los recursos utilizados.
El organismo también buscará establecer si existen elementos suficientes para promover procedimientos de responsabilidad administrativa o presentar las denuncias que correspondan ante otras autoridades.
El caso se desarrolla en medio de cuestionamientos sobre el manejo de contratos públicos dentro del INE durante la administración anterior.
La entrega de material audiovisual, comunicaciones y documentos representa una nueva fuente de información para las autoridades fiscalizadoras, aunque su alcance dependerá de la autenticidad de las pruebas, su análisis y los resultados de las diligencias.
Por ahora, no se han dado a conocer resoluciones definitivas ni sanciones derivadas de esta nueva colaboración con informantes.
