El periodista Ernesto Ledesma, director del medio independiente Rompeviento TV, denunció haber sido víctima de un ciberataque apenas un día después de confrontar públicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum por su postura sobre el conflicto en Palestina y posibles acuerdos con Grupo México en materia minera.
La denuncia fue publicada el martes 24 de junio a través de su cuenta en X (antes Twitter), donde alertó que sus plataformas digitales habían sido intervenidas: “Hackearon mi WhatsApp, mi email y quién sabe cuántas cosas más. Cualquier notificación que les llegue a través de mi email o WhatsApp, no soy yo. Nuestro internet está caído. Hoy no habrá noticiario #Momentum”.
La interrupción forzada de su noticiero marca un nuevo episodio en la ya tensa relación entre el poder y el periodismo crítico en México. Ledesma no acusó directamente al gobierno, pero la temporalidad y la naturaleza del ataque abren interrogantes sobre la vigilancia y hostilidad contra voces incómodas.
Un viraje en el discurso presidencial
El incidente se da en medio de un cambio de tono visible en la comunicación oficial de la presidenta Sheinbaum, quien ha adoptado en días recientes una actitud marcadamente confrontativa ante los medios y la crítica pública. Durante su más reciente conferencia matutina, la mandataria anticipó cuestionamientos a su reforma de la Guardia Nacional y descalificó de forma general a sus críticos como “ignorantes”.
Este gesto fue interpretado por sectores académicos y periodísticos como una señal de cerrazón y exasperación. La presidenta optó por invalidar las objeciones antes de que siquiera fueran formuladas, cancelando de facto cualquier espacio de deliberación.
Mañaneras bajo reglamento
La tensión se incrementa con la reciente publicación de un nuevo reglamento para las conferencias presidenciales, que impone 30 reglas a los periodistas acreditados. Uno de los puntos más polémicos —el número 28— establece que los medios deben demostrar que han difundido la información presentada en la conferencia para conservar su acreditación.
La medida ha despertado fuertes críticas por su ambigüedad y por lo que representa: un intento de subordinar la libertad editorial al criterio del Ejecutivo, trasladando al periodista la responsabilidad de replicar el discurso oficial sin considerar el criterio noticioso o la línea editorial de su medio.
¿Puede el gobierno federal decidir qué debe o no debe publicar un medio? ¿Puede penalizarse la omisión como si se tratara de una falta ética o política? Las preguntas crecen en un entorno donde el periodismo ya enfrenta riesgos crecientes y donde la disidencia informativa parece cada vez más incómoda para el poder.
Una democracia incómoda con la crítica
El caso de Ledesma no es aislado, pero sí emblemático. Su trayectoria como reportero enfocado en derechos humanos, pueblos originarios y temas ignorados por los grandes medios lo ha colocado en el radar de diversas administraciones. Esta vez, sin embargo, el contexto es particularmente alarmante: su voz fue silenciada justo después de exigir explicaciones a la jefa del Estado mexicano.
El silencio forzado de un periodista que incomoda al poder no puede interpretarse como un hecho menor. En un país que se dice democrático, la crítica no debe pagarse con vigilancia, ataques digitales ni censura indirecta.
Mientras tanto, Rompeviento TV permanece fuera del aire. Y con ello, también una parte de la conversación pública que resiste a los discursos oficiales.