Víctor Rodríguez Padilla, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue detenido en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, como parte de las investigaciones derivadas de una denuncia por violencia familiar presentada por su esposa, María Felicia Jiménez.
La detención ocurrió después de que se difundiera un video captado por cámaras de seguridad en el que se observa al exfuncionario agrediendo físicamente a su esposa dentro de su domicilio en el municipio de Emiliano Zapata, Morelos, hechos ocurridos en presencia de su hijo menor de edad.
Tras la denuncia, la Fiscalía General del Estado de Morelos abrió una carpeta de investigación y otorgó medidas de protección a María Felicia Jiménez y a sus hijos, mientras que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ejecutó la detención. Rodríguez Padilla fue presentado ante la autoridad judicial para el inicio del proceso correspondiente.
El caso generó una amplia reacción pública. La presidenta Claudia Sheinbaum condenó la agresión y manifestó que la ley debe aplicarse sin excepciones. Posteriormente, la Secretaría de Energía informó que no se formalizaría el nombramiento de Rodríguez Padilla como director del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), cargo para el que ya había sido presentado públicamente.
Rodríguez Padilla encabezó Pemex entre 2024 y 2026, periodo durante el cual la empresa enfrentó diversos retos operativos y financieros. Su gestión estuvo marcada por un derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, un incendio en la refinería de Dos Bocas que dejó personas fallecidas, pérdidas financieras y una disminución en la producción petrolera.
El exfuncionario también era identificado como un colaborador cercano de la presidenta Claudia Sheinbaum en el ámbito académico, con quien coincidió durante sus estudios de posgrado y en la elaboración de publicaciones técnicas. Asimismo, la exconsejera independiente de Pemex, Laura Itzel Castillo, señaló públicamente que Rodríguez Padilla fue uno de sus asesores. El proceso judicial en su contra continúa y será la autoridad competente la que determine su situación jurídica conforme avance la investigación.
