La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) anunció una recompensa millonaria por información que conduzca a la captura de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. La medida, presentada como parte de la estrategia para golpear al Cártel de Sinaloa, reaviva un viejo debate: ¿hasta dónde llega la cooperación bilateral y dónde empieza la intromisión en la soberanía mexicana?
Un gesto de fuerza desde Washington
Para el gobierno estadounidense, colocar precio a la cabeza de un capo extranjero es una práctica recurrente. Funciona como mensaje político y como herramienta de presión: Estados Unidos se asume no solo como víctima de la violencia y el narcotráfico, sino como actor con derecho a intervenir directamente en la captura de criminales fuera de su territorio.
México en la encrucijada
El anuncio abre preguntas incómodas. ¿Debe México aceptar este tipo de recompensas como parte de la “guerra compartida” contra el narco? ¿O implica ceder soberanía, reconociendo que su capacidad de impartir justicia es insuficiente? La narrativa oficial suele hablar de cooperación, pero en la práctica, el gesto refuerza la asimetría en la relación bilateral.
