La familia LeBaron alista una serie de acciones legales en Estados Unidos contra servidores públicos de la Fiscalía General de la República (FGR) que participaron en las investigaciones de la masacre ocurrida el 4 de noviembre de 2019 en la comunidad de La Mora, Sonora.
De acuerdo con información difundida por la columna Bajo Reserva de El Universal, la decisión se basa en documentos atribuidos a las filtraciones conocidas como Guacamaya Leaks, donde presuntamente se señalan irregularidades y la posible siembra de pruebas durante las indagatorias.
Entre las medidas que buscan impulsar se encuentra la solicitud para que autoridades estadounidenses analicen la aplicación de la Ley Global Magnitsky, que permite imponer sanciones a extranjeros señalados por presuntas violaciones graves a los derechos humanos o actos de corrupción.
La masacre dejó nueve víctimas mortales, entre ellas mujeres y menores de edad pertenecientes a las familias LeBaron, Langford y Miller, hecho que generó repercusión internacional debido a la nacionalidad de algunas de las víctimas.
Hasta el momento, las autoridades federales no han emitido una postura pública sobre los señalamientos ni sobre las posibles acciones legales que la familia promovería en territorio estadounidense.
