A una semana de celebradas las elecciones locales en Coahuila, el partido Morena anunció el inicio de una estrategia jurídica para impugnar los resultados del proceso electoral del pasado 7 de junio, al considerar que existieron irregularidades que afectaron la legalidad y equidad de la contienda.
La principal acción promovida por el partido consiste en la presentación de juicios electorales en los 16 distritos de la entidad, mediante los cuales solicita formalmente la nulidad de la elección de diputaciones locales.
Representantes de Morena señalaron que durante el proceso electoral se registraron presuntas anomalías relacionadas con compra y coacción del voto, uso indebido de programas sociales, propaganda considerada calumniosa, violencia política de género, participación irregular de servidores públicos y posibles rebasamientos de topes de gastos de campaña.
Asimismo, el partido informó que presentó denuncias ante diversas instancias federales para que se investiguen los hechos denunciados y se determine la existencia de responsabilidades en caso de acreditarse las irregularidades señaladas.
Como muestra de protesta, los legisladores electos por el principio de representación proporcional decidieron no acudir personalmente a recibir sus constancias de asignación, argumentando que el proceso aún no ha concluido y que la disputa continuará en los tribunales electorales.
Por su parte, el Instituto Electoral de Coahuila validó los resultados de la jornada electoral y aprobó la integración del próximo Congreso local, al considerar que la elección se desarrolló conforme a la normatividad vigente. El organismo electoral informó que recibió diversas quejas relacionadas con el proceso y señaló que corresponderá a las autoridades jurisdiccionales resolver las impugnaciones presentadas.
De acuerdo con los resultados oficiales, la alianza encabezada por el PRI obtuvo la mayoría de las diputaciones de mayoría relativa, mientras que Morena alcanzó espacios por representación proporcional junto con otras fuerzas políticas.
Con la presentación de los recursos legales, el proceso electoral entra ahora en una etapa de revisión judicial en la que los tribunales deberán analizar las pruebas aportadas por las partes y determinar si existen elementos suficientes para modificar o confirmar los resultados de la elección.