Luis Franco, exinstructor de danza aérea, irrumpió armado en su antiguo lugar de trabajo y fue abatido tras herir a un negociador de la Policía de Investigación.
Un intento de extorsión terminó en tragedia este martes en un gimnasio ubicado dentro de un centro pastoral sobre la avenida 606, en la colonia San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero. Luis Franco, exentrenador de danza aérea, fue abatido por elementos especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tras tomar rehenes y exigir 600 mil pesos como compensación por haber sido expulsado del recinto años atrás.
El incidente comenzó alrededor del mediodía, cuando Franco ingresó armado al gimnasio y encañonó al instructor actual, identificado como César. Visiblemente alterado, impidió la salida de los presentes y reclamó el dinero como “reparación por los daños” que —según él— había sufrido desde que fue apartado del lugar por problemas disciplinarios.
Toma de rehenes y negociaciones fallidas
Durante casi tres horas, el agresor mantuvo retenidas a varias personas mientras elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y un negociador de la Policía de Investigación, José Antonio Ríos, intentaban persuadirlo de deponer el arma. Sin embargo, el diálogo escaló a violencia.
Luis disparó contra el negociador, hiriéndolo gravemente: la bala atravesó su mano y alcanzó su cuello. José Antonio Ríos fue trasladado de inmediato a un hospital, donde permanece en estado delicado.
Minutos después del disparo, la Unidad Metropolitana de Operaciones Especiales ingresó al inmueble y abatió a Luis Franco dentro del gimnasio. Los rehenes fueron liberados ilesos.
Del instructor al agresor
Luis Franco fue entrenador de danza aérea en ese mismo gimnasio hasta hace algunos años, cuando fue removido por decisión administrativa debido a actitudes conflictivas y presuntos ingresos en estado de ebriedad. La separación habría dejado una marca que, con el tiempo, derivó en un episodio violento.
El cadáver de Franco fue retirado siete horas después del inicio de la crisis. Las autoridades de la Ciudad de México investigan ahora si existieron amenazas previas o señales de alerta que hubieran podido evitar el desenlace.