La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su postura respecto al caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y aseguró que hasta el momento no existen pruebas suficientes para proceder legalmente en su contra, pese a las solicitudes realizadas por autoridades de Estados Unidos.
Durante sus declaraciones, la mandataria explicó que el gobierno estadounidense envió una petición de detención urgente con fines de extradición contra diez mexicanos, entre ellos Rubén Rocha, el senador Enrique Inzunza y otros exfuncionarios sinaloenses.
Sheinbaum señaló que, tras recibir la solicitud, la Secretaría de Relaciones Exteriores consultó a la Fiscalía General de la República para determinar si existían elementos suficientes para actuar. Sin embargo, indicó que la FGR respondió que no contaba con pruebas concluyentes para proceder.
“Actuar cuando hay pruebas, pero si no hay pruebas no se puede actuar”, sostuvo la presidenta, quien enfatizó que las decisiones judiciales deben sustentarse en las leyes mexicanas y no únicamente en señalamientos provenientes del extranjero.
La mandataria afirmó que aceptar detenciones de funcionarios electos únicamente por acusaciones externas representaría un riesgo para la soberanía nacional, pues permitiría que otro país influyera en quién gobierna en México.
“Tiene que haber pruebas con base en las leyes mexicanas, porque de otra manera se determina afuera, más cuando se trata de personas electas por su pueblo, si se queda gobernando uno o no”, expresó.
Asimismo, rechazó las versiones que acusan a su administración de intentar encubrir posibles vínculos con el crimen organizado y aseguró que existe una campaña de desinformación impulsada desde el exterior y replicada por actores políticos internos.
Sheinbaum también sostuvo que el acceso a la verdad es un derecho de la ciudadanía, pero advirtió que no deben tomarse decisiones con base en rumores o campañas mediáticas.
La presidenta insistió en que tanto el caso de Sinaloa como otros temas relacionados con investigaciones internacionales deben resolverse respetando el estado de derecho y la soberanía del país.