Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron este viernes un paro nacional de labores en al menos 22 sedes de distintas entidades del país, en rechazo al nuevo sistema de evaluación de desempeño que podría tener consecuencias sobre su permanencia laboral.
La movilización surge después de que el Órgano de Administración Judicial (OAJ) estableciera nuevos lineamientos para evaluar a secretarios, actuarios y oficiales judiciales, mediante exámenes de conocimientos y valoraciones internas que también consideran la opinión de superiores y compañeros de trabajo.
De acuerdo con los reportes sobre la protesta, se prevé la participación de aproximadamente 32 mil trabajadores adscritos a más de 900 juzgados y tribunales federales. Entre las entidades contempladas se encuentran Durango, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, entre otras.
Las primeras suspensiones de actividades comenzaron el jueves en Morelos, donde trabajadores cerraron instalaciones judiciales de Cuernavaca y Xochitepec. Posteriormente, empleados de distintas sedes de la Ciudad de México se sumaron a la movilización.
Uno de los principales motivos de inconformidad es que el examen de conocimientos representará únicamente el 40 por ciento de la calificación, mientras que el 60 por ciento restante dependerá de otros indicadores, incluidas evaluaciones internas y criterios de productividad.
Los trabajadores consideran que este mecanismo podría abrir la puerta a decisiones subjetivas y posibles represalias laborales, particularmente cuando existan diferencias de criterio jurídico entre el personal y los titulares de los órganos jurisdiccionales.
Ante esta situación, organizaciones sindicales han manifestado su rechazo al procedimiento y cuestionado las condiciones bajo las cuales se pretende implementar.
Por su parte, el Órgano de Administración Judicial ha señalado que la primera evaluación, programada para diciembre, tendrá un carácter diagnóstico, orientado a identificar necesidades de capacitación y fortalecer las capacidades profesionales del personal, sin consecuencias inmediatas sobre su permanencia.
No obstante, el esquema contempla clasificaciones de desempeño que van desde sobresaliente hasta insuficiente. En este último supuesto, los trabajadores podrían acceder a una evaluación extraordinaria y, de no acreditar los requisitos establecidos, enfrentar su separación de la institución.
El calendario difundido establece que los exámenes para secretarios se realizarán el 4 de diciembre, para actuarios el 8 de diciembre y para oficiales judiciales los días 14 y 15 de diciembre, mientras que la revisión de resultados se llevará a cabo durante los primeros meses de 2027.
Otro de los señalamientos de los inconformes es el reducido periodo de preparación, ya que los temarios se darán a conocer durante la segunda quincena de noviembre, mientras el personal deberá continuar atendiendo sus responsabilidades habituales.
La protesta representa un nuevo episodio de tensión dentro del Poder Judicial federal, después de las movilizaciones de 2024 relacionadas con la reforma judicial.
Hasta el momento, la principal exigencia de los trabajadores es que se revisen los criterios de evaluación y se establezcan garantías de objetividad, transparencia y respeto a sus derechos laborales, mientras persiste la preocupación por las posibles afectaciones a las actividades jurisdiccionales en distintas regiones del país.
